Organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares se presentaron ante distintos fueros judiciales para reclamar que se impida la puesta en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica presentado por el Gobierno de Javier Milei.

Si bien en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado este miércoles por el presidente, establece que la licencia de conducir y el comprobante de pago de patente será la única documentación con obligatoriedad de ser presentada ante las autoridades y que de no contar con ella, este no será un motivo habilitante que permita retener la unidad tanto en en el caso de los municipios como gobiernos, cabe destacar que el DNU que detalla esta reforma de la ley aún no se encuentraría en vigencia.

Incluye una amplia reforma laboral, privatizaciones de empresas públicas y la derogación de la ley de alquileres, entre otras medidas. Sin embargo, la oposición criticó con dureza la iniciativa y la consideró inconstitucional.

Lo afirmó el Intendente de Río Grande, Martín Pérez mediante sus redes oficiales, pronunciándose respecto la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispone una masiva reforma de leyes y la desregulación de numerosos regímenes económicos.