Javier Milei cumplió con lo que había prometido durante la campaña electoral, al avanzar con un amplio Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispone una amplia desregulación de la economía. Sin embargo, enseguida aparecieron las objeciones ya no al contenido sino a las formas, planteando la inconstitucionalidad de avanzar sin el visto bueno legislativo.

Los detractores, entre los que sobresalió Axel Kicillof, plantearon que no existe “ni necesidad ni urgencia” en las medidas anunciadas. “Le faltó decir democracia afuera”, aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, al que luego se le sumaron otros gobernadores peronistas.

El mensaje grabado de Milei tuvo muchos puntos en contacto con el que dio en la escalinata del Congreso al asumir y volvió sobre sus fuertes críticas a la clase política. “Creen que son Dios, pero nosotros queremos que sea la gente la que tome sus propias decisiones, sacando del medio a los políticos”, justificó el Presidente al enumerar las principales medidas anunciadas.

Los más de 350 artículos derogan una gran cantidad de leyes, como la de abastecimiento, compre nacional o góndolas. Lo mismo sucede con la ley de alquileres, que ahora quedarían totalmente desregulados. Incluso se abre la posibilidad de negociarlo en pesos o en cualquier otra moneda extranjera.

Pero el DNU va mucho más allá. Entre otras cuestiones, abre la posibilidad de que los clubes de fútbol se transformen en sociedades anónimas, habilita la privatización de empresas estatales, plantea la posibilidad de dejar Aerolíneas Argentinas a los empleados y reinstala la política de cielos abiertos que empezó con la presidencia de Mauricio Macri pero que luego revirtió Alberto Fernández.

Los gremios estarían entre los sectores más afectados por las medidas. Por un lado plantea un nuevo funcionamiento para el régimen laboral, incluyendo una extensión el período de prueba y una flexibilización del régimen de contratación que rige para las empresas más chicas.

Además, también plantea la libre competencia de obras sociales con las compañías de medicina prepaga, algo que rompería el monopolio sindical. Y determina una importante cantidad de sectores que son considerados “esenciales” y como tales deben asegurar la prestación del 75% del servicio en algunos casos y 50% en otros.

Por todo esto se presume que los sindicalistas son los más afectados por las medidas anunciadas y que rápidamente recurrirán a la Justicia para que deje en suspenso la aplicación del DNU. La gran duda es qué juez podría resolver un amparo que rápidamente frene el decreto o tal vez que se concentre en artículos específicos.

Parece difícil que el decreto ómnibus pueda ser frenado por el Congreso, ya que se requiere de la mayoría de ambas cámaras para lograrlo. Por eso, luce más factible que sea la Justicia la que eventualmente determine algún tipo de freno.

Pero además de los sindicatos, también el sector privado podría verse afectado. Se abre la competencia para el sector turístico, aunque en realidad hace tiempo que la oferta es múltiple, también abre más el juego para los fabricantes de medicamentos. Al mismo tiempo se dispuso la derogación de los regímenes de promoción industrial, aunque luego se aclaró que no abarca a las compañías que actualmente operan en Tierra del Fuego.

Con el DNU el Presidente demostró que está comprometido en ir a fondo, como ya lo había hecho a la hora de plantear la necesidad de conseguir el equilibrio fiscal. Sin embargo, el peligro de una posible judicialización total o parcial del contenido se abre casi inmediatamente.

El instrumento elegido también plantearía dudas sobre la solidez jurídica para quienes tomen decisiones en base al mismo. El economista Jorge Ávila, uno de los promotores de la dolarización, advirtió que dentro de cuatro años un nuevo Gobierno podría borrar todo lo definido ahora de un plumazo. Este peligro llevaría a muchas empresas a pensarlo dos veces antes de invertir o instalarse en el país, ante el peligro de una marcha atrás tan rápida como resultó la aprobación de este nuevo marco legal.