La Cámara de Diputados española aprobó este jueves el proyecto de ley que permite cambiar libremente de género a partir de los 16 años, tras meses de tensiones dentro del gobierno progresista y en el movimiento feminista.

La iniciativa del partido de izquierda Podemos, aliado de los socialistas en el gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez, recibió en la Cámara Baja 188 votos a favor y 150 en contra, además de 7 abstenciones.

Si en las próximas semanas el texto es aprobado definitivamente en la Cámara de Senadores, España se convertirá en uno de los pocos países del mundo que autorizan la autodeterminación de género.

Argentina aprobó en 2012 la ley de identidad de género, que permite que las personas sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscritas en sus documentos personales. Dinamarca fue el primer país europeo en conceder este derecho a las personas transgénero en 2014. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad en el 2018.

La ley permitiría que una persona transgénero cambie su nombre y mención relativa a su sexo en sus documentos, presentando una solicitud en el Registro Civil. Hasta el momento, esta modificación solo estaba permitida para personas mayores de edad que aportaran un informe médico y acreditaran haberse sometido a un tratamiento hormonal durante al menos dos años.

"Esta ley repara una deuda histórica del Estado con las personas trans" y "por fin despatologiza las vidas trans", además de garantizar sus derechos, había defendido el miércoles ante los diputados la ministra de Igualdad, Irene Montero, principal impulsora del texto. "Les mujeres trans son mujeres", agregó la integrante de Podemos, denunciando la "transfobia".

La iniciativa, bautizada como "ley trans", debe permitir también que los jóvenes de entre 14 y 16 años puedan cambiar la mención de su sexo en el Registro Civil, siempre que estén asistidos en el proceso por sus tutores legales. Para los de 12 a 14 años es necesario que cuenten con autorización judicial.

Para todos los casos, la ley prevé que el solicitante deba acudir al Registro Civil en un plazo de tres meses desde la comparecencia inicial para ratificar su petición, "aseverando la persistencia en su decisión" de cambiar de género.

Tensiones

Aprobado en el Consejo de Ministros hace más de un año, este proyecto de ley ha provocado fuertes tensiones entre Podemos, que convirtió esta iniciativa en un pilar central de su acción gubernamental, y los socialistas de Sánchez, que trataron en vano de modificar el texto.

También generó profundas divisiones en el feminismo, entre quienes comparten la visión de Irene Montero y militantes históricas, en guerra abierta contra el proyecto.

"Cuando se reivindica el género por encima del sexo biológico (...) me parece un retroceso" para las mujeres, valoró la diputada por el partido socialista Carmen Calvo, en una entrevista.

"El Estado tiene que dar una respuesta a las personas trans, pero el sexo no es ni voluntario ni opcional", añadió, alertando de los riesgos jurídicos que podría comportar la ley.

Las feministas históricas temen que personas del sexo masculino que se autoidentifiquen como mujeres puedan participar en competiciones deportivas femeninas o cumplir condenas en prisiones de mujeres. Sin embargo, en cuanto a las cárceles y al peligro de que hombres que transicionaron a mujeres agredan a las internas, la ley no modifica el funcionamiento de los centros penitenciarios, que desde hace años se rigen por una instrucción que permite a las personas trans ingresar en el módulo correspondiente a su identidad de género.

Haciéndose eco de estos temores, los socialistas presentaron una enmienda para extender la necesidad de contar con autorización judicial también para los jóvenes entre 14 y 16 años, pero acabó siendo rechazada.

Esta ley "simboliza la mayor derrota legislativa del Partido Socialista frente a Unidas Podemos en esta legislatura", desde la formación del ejecutivo a principios de 2020, escribió el diario conservador El Mundo.

Por su parte, El País habla de "una de las normas que más han tensado al gobierno de coalición".

La militante LGBTI y primera mujer transgénero elegida diputada regional en España, Carla Antonelli, abandonó el Partido Socialista en octubre en protesta por la intención de su formación de modificar el proyecto de ley.

"Hemos visto a un sector del Partido Socialista y del feminismo pasar de defender los derechos de la minoría trans a boicotear con saña nuestra propia existencia", afirmó Antonelli.

Entre otras disposiciones, el proyecto de ley aprobado el jueves por los diputados prohíbe también las terapias de conversión que tienen como objetivo cambiar la orientación sexual de las personas LGTB+, con multas que pueden alcanzar los 150.000 euros.