Murcia explicó que “todo viene a raíz de una denuncia de un empleado portuario perteneciente a un sindicato afín a la Agencia Nacional de Puertos”, quien objetó la ley de financiamiento de OSEF aprobada por la Legislatura Provincial en 2023. “Esa ley disponía el traspaso de fondos de la Dirección de Puertos hacia la obra social, y desde Nación pidieron explicaciones. Pero nosotros dejamos en claro que el puerto no tiene dinero disponible para eso y que los fondos están comprometidos en obras de infraestructura”, detalló.

El funcionario señaló que la respuesta oficial fue enviada con aval del gobernador Gustavo Melella y que, pese a haber cumplido con todos los requerimientos, “el día 30, de manera sorpresiva, cayó una auditoría de Nación sin previo aviso”. Según indicó, los auditores verificaron estados contables e infraestructura y emitieron un informe que fue remitido a la ANPyN, otorgando cinco días hábiles a la provincia para responder.

“Fue algo totalmente inusual. Nunca habíamos tenido una relación de este tipo con un organismo nacional, más aún cuando trabajamos de manera conjunta en muchas obras. La Agencia General de Puertos participó incluso en la obra de ampliación del muelle y en la inspección técnica, así que realmente sorprende el modo en que actuaron”, afirmó.

Precisó además que el propio organismo nacional había emitido una resolución en julio declarando “habilitados precariamente” a todos los puertos del país, otorgando 180 días para presentar documentación complementaria, prorrogables por otros seis meses. “Es contradictorio que por un lado nos den casi un año para completar papeles y por otro, en medio de ese plazo, manden una auditoría con tono de advertencia”, señaló.

Consultado sobre un posible trasfondo político, el titular de la DPP fue contundente: “No creo que el puerto moleste, pero sí que lo están mirando con otros ojos. Ushuaia tiene más de 600 recaladas anuales, es un puerto multipropósito que combina pesca, carga, logística antártica y crucerismo. Está en un lugar estratégico del Atlántico Sur y genera uno de los mayores ingresos de divisas al país. No tengo dudas de que esto apunta al gobernador Gustavo Melella y a la vicegobernadora Mónica Urquiza, en plena campaña política”.

Murcia también advirtió sobre el daño que puede generar a nivel internacional la difusión de versiones sobre una posible intervención. “Cuando una empresa naviera recibe un informe que dice que el puerto podría ser intervenido, eso genera incertidumbre. Y nosotros operamos con normalidad, con combustible, agua, recambio de pasajeros y todos los servicios. El año pasado, por ejemplo, Norwegian Star hizo el recambio de 4.500 pasajeros acá sin inconvenientes. Este tipo de rumores generan un daño enorme”, subrayó.

En cuanto al contenido del informe de la auditoría, el funcionario remarcó que muchas de las observaciones “no reflejan la realidad”. “Hablan de pozos o deterioro en las defensas del muelle cuando justamente estamos ejecutando una obra de más de 1.200 millones de pesos para reparar las carpetas de rodamiento y mejorar las defensas. Estamos trabajando, no sentados esperando que se caigan las cosas”, enfatizó.

Por último, Murcia ratificó que “el puerto es provincial, fue transferido a la provincia en 1993, y la Nación no puede avasallar esa soberanía”. En ese sentido, explicó que “las habilitaciones son nacionales, pero el dominio es fueguino”, y agregó: “La provincia no va a permitir que se atropellen sus derechos. Tenemos las vías legales para apelar cualquier decisión. El puerto de Ushuaia está más activo que nunca y es motivo de orgullo, no de sospecha”.

El titular de la DPP adelantó que el martes presentarán la respuesta oficial al informe nacional, acompañada de documentación, licitaciones y obras en ejecución. “El puerto está en pleno crecimiento, con inversiones permanentes y reconocimiento internacional. No tenemos nada que ocultar, todo lo que hacemos es público y auditable”, concluyó.