Máximo y Florencia argumentan que los bienes fueron heredados de manera legítima, incluyendo propiedades hoteleras y departamentos en Río Gallegos, además de 6 millones de dólares en efectivo.

Los fiscales sostienen que la cesión de los bienes se hizo después de consumado el fraude y que los hijos de Cristina Kirchner tenían conocimiento de las irregularidades. Por eso, consideran que el decomiso debe ejecutarse de inmediato, ya que es un efecto del delito y no una pena.

Otros condenados, como Cristina Kirchner y Lázaro Báez, también se opusieron, pero los fiscales insisten en que la sentencia firme obliga a recuperar los activos sin demoras ni excusas.