En junio de 2012 Gabriela Castellano, una empleada judicial de la ciudad de Río Grande, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), cuyos síntomas comenzaron una semana antes sin respuesta apropiada de parte de los profesionales intervinientes. En marzo de 2022 se dispuso la prescripción y el cierre de la causa contra los médicos Raúl Rausch y Juan Carlos Martínez Montenegro, mientras que en la jornada de ayer por omisión de debate, el neurocirujano Diego Ricardo Vivares, terapista del HRRG, fue condenado imputándole “haber dilatado la derivación”.