Referentes de movimientos LGTBI+ repudian la resolución del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) respecto a la prohibición del lenguaje inclusivo en sus escuelas. Consideran que se trata de una normativa "contra el derecho a la identidad".

Marie Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, dijo que "la resolución no solo es profundamente discriminatoria y vulnera la Ley Antidiscriminatoria de la Ciudad, que protege expresamente, entre otros, el derecho a la variedad lingüística".

"Además, vulnera la libertad de expresión y el derecho a la identidad y expresión de género de docentes y estudiantes en los ámbitos donde se debería enseñar a respetar las leyes y celebrar la diversidad", añadió.

En tanto, la funcionaria sostuvo que "la ministra (Soledad) Acuña parece considerar más importante lo que dice la Real Academia Española que lo que dicen nuestras leyes y la Constitución, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de la Nación".

Al respecto, Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina LGBT, opinó que se trata de "una medida que atenta gravemente contra nuestras identidades y el derecho a la libertad de expresión". Instó al GCBA a que reviertan la resolución y adelantó que "iniciaremos las acciones correspondientes por el libre ejercicio de nuestros derechos".

En la Circular 4/2022, el Ministerio de Educación porteño, que encabeza Soledad Acuña, ordenó a docentes desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales "de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza".

"La Ley de Identidad de Género establece el trato digno hacia nuestras identidades", señaló Marcela Romero, directora de la Casa Trans, Coordinadora Nacional de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA).

Al respecto, cuestionó que se prohíba respetar -por ejemplo- las identidades no binarias. En esa misma línea, sostuvo que una resolución "no puede prohibir respetar las leyes y la libertad de expresión". "No nos vamos a quedar callades", concluyó.