“Lamentablemente, y con mucha angustia, acabo de vender mi casa para cancelar este maldito crédito y volver a alquilar”, escribió una damnificada en un grupo de WhatsApp que reúne a hipotecados UVA de todo el país. Tras ocho años de pagar puntualmente su hipoteca, aún le quedaban 92 mil dólares por saldar, cuando originalmente había solicitado un préstamo de 90 mil. “Estaba con mucha presión por este tema. Siempre a la espera de que algún político nos entienda y regularice esta tremenda usura”, agregó.

Otro mensaje expresa con dolor, “No hay día que no me levante pensando en esta porquería de decisión que tomé con mi señora en su momento. Maldigo la hora…lamento mucho leer esto de verdad”. Y un tercero comparte su impotencia, “Mi idea era dejarle algo a mi hija con discapacidad, pero sin esperanzas prefiero vender para no dejarle una deuda eterna que sería un infierno para ella”.

En medio de este panorama, una de las damnificadas de la ciudad de Río Grande que continúa activa en el reclamo aseguró en declaraciones a FM Fuego que la situación es crítica, “Está horrible. Tuvimos que parar los juicios porque el presidente, al tener la inflación más contenida, logró que salgan nuevos créditos. Por lo menos acá las familias no están pagando más del 35% de su sueldo en la cuota. Pero en otras provincias están muchísimo peor”.

Los créditos UVA fueron impulsados por el Estado en 2016 con la promesa de facilitar el acceso a la vivienda, ajustando el capital y las cuotas por inflación (mediante la unidad de valor adquisitivo actualizable). Hoy, con una economía aún inestable, los montos a pagar crecen cada mes y la deuda nunca se reduce.

Desde la cuenta de X de @HipotecadosUVANacional, una de las referentes escribió, “Ningún banco nos advirtió el riesgo. A mí me preocupaba mi edad y el asesor me dijo que no pasaba nada. El Estado impulsó esto, los legisladores tienen que trabajar y hacer leyes que garanticen el derecho a la vivienda digna y que la cuota sea pagable y predecible”.

Las familias hipotecadas exigen que el Congreso trate de forma urgente una solución legislativa que ponga un freno a esta forma de endeudamiento que consideran “abusiva y usurera”.

En Tierra del Fuego, varias familias continúan con sus reclamos, pero reconocen que “el panorama no ayuda en nada, ni lo que está haciendo el oficialismo. Mientras tanto la cuota y el préstamo siguen subiendo”.