Así lo solicitó el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, quien acusa a la vicepresidenta de ser "jefa de la asociación ilícita" y haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública.

La vicepresidenta se pronunció en su cuenta de Twitter para rechazar la decisión del tribunal de la causa de obra pública para ampliar su indagatoria, aseguró que está "ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial" y utilizará sus redes para expresar lo que le impidieron los jueces.

El pedido se justifica en "la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel", y en que "los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", según expresó la vicepresidenta.