Los pescadores señalaron que estos bloqueos afectan su labor diaria y manifestaron que se han colocado alambrados, zanjas y restricciones que les impiden llegar al mar. “Esto no solo afecta nuestro trabajo, sino que también viola una ley que garantiza el libre tránsito en la costa. Llevamos años reclamando, pero la situación sigue igual”, afirmó Orlando Genes, pescador con más de dos décadas de experiencia.

La actividad de estos trabajadores consiste en la captura de especies como róbalo, pejerrey, salmón, pez gallo, palometa y cazón, que comercializan con particulares, restaurantes y hoteles en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. “Todo lo hacemos en regla: declaramos nuestras redes y pagamos permisos que este año costaron unos 100 mil pesos ante Recursos Naturales”, destacaron.

El problema no solo implica la imposibilidad de acceder al mar, sino también enfrentan amenazas, daños a sus herramientas de trabajo y vehículos, situaciones que atribuyen a los estancieros y que les generan graves perjuicios.

En la reunión, los funcionarios provinciales se comprometieron a realizar inspecciones en las áreas afectadas, dialogar con los propietarios de las estancias involucradas y desarrollar medidas específicas, como la creación de refugios para pescadores.

No obstante, los trabajadores expresaron su desconfianza ante la falta de medidas concretas. “Nos pidieron que esperemos hasta mediados de enero para ver cómo avanzan las gestiones. Mientras tanto, los estancieros siguen cerrando accesos y colocando nuevos alambrados”, advirtieron.

El conflicto afecta a pescadores de Ushuaia, Tolhuin, Río Grande y Almanza, quienes han denunciado reiteradamente bloqueos relacionados con estancias como La Fueguina, La Pirinaica y María Luisa, donde se han instalado barreras que violan la normativa vigente. Según los trabajadores, las acciones de los estancieros contravienen el artículo 19 de la Ley Provincial 244, que establece corredores públicos para el tránsito costero.

“La ley es clara: no se puede alambrar a menos de 50 metros de la marea más alta. Sin embargo, los estancieros no respetan esto. En el caso de la estancia La Fueguina, del legislador Jorge Lechman, colocaron postes y alambrados desde el puente del Río Láinez hasta el mar, obstruyendo completamente el acceso”, explicó Genes.

“Los funcionarios se desligaron de la responsabilidad sobre los ataques y nos aconsejaron realizar denuncias policiales. Valoramos el diálogo, pero necesitamos soluciones concretas. No estamos pidiendo más que el derecho a trabajar dignamente”, concluyeron.