Por FM FUEGO, el Secretario de Industria del Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, Juan Ignacio García, sobre este nuevo ataque analizó: “Para empezar creo que hay un problema inicial de enfoque, hay como una especie de obsesión por evaluar el régimen industrial de Tierra del Fuego como una política productiva. Es cierto que tienen implicancias productivas pero es una política mucho más amplia que eso. Ha sido un gran instrumento para generar un volumen de actividad económica que permitió que hoy exista una provincia como conocemos. Es mucho más complejo, el mismo documento lo señala lo que pasa es que rápidamente pasa a eso, como una evaluación como herramienta de política productiva donde los parámetros son otros y donde enseguida aparece la cuestión del costo”.

En ese sentido, sostuvo que se trata de un planteo incorrecto, “Donde no se reconoce la realidad de Tierra del Fuego, la fuerte dependencia que tenemos de este régimen, hoy es la mitad del empleo privado que depende directa e indirectamente. Eso no se reemplaza en 10 años con políticas que pretenden generar estimulo en otras actividades que para nosotros es fundamental, pero que suponen que puede reemplazar la industria”.

Tras la prórroga del subrégimen a 50 años de su sanción, García consideró, “Es absolutamente necesario que Tierra del Fuego promueva una ampliación de la matriz productiva, se puede discutir si este régimen era bueno o no para la provincia con el gobierno nacional durante un año y medio con una mirada muy crítica y probablemente similar a la de la fundación Fundar, pero entendiendo la realidad de la provincia se decidió prorrogar 30 años y generar una herramienta que complemente estructura productiva que se hoy se necesita”.

“Ese es el camino razonable por la positiva y que no se lleva puesto a una provincia generando un caos social, económico y político”, en cuanto a lo que se apunta dijo, “Se lo llama gasto tributario y que básicamente hace referencia a los impuestos que deja de cobrar el Estado nacional para promover una actividad. Eso se calcula con una metodología que es igual para todos y no tiene en cuenta unas particularidades de Tierra del Fuego, de derrames y de otras cuestiones”.

Sin embargo, consideró: “Hay algo que es cierto, efectivamente hay una masa de recursos muy importantes que todos los años de alguna manera están financiando este régimen promocional, y eso merece alguna atención pero el problema es que siempre las soluciones que se les ocurra sea terminar con esto en un años, en dos o en cinco. Una provincia inmersa en un caos social no es el mejor espacio para realizar inversiones por más incentivos que uno le ponga. Hay un montón de supuestos que no tienen en cuenta la realidad, ahí hay un acto de irresponsabilidad porque no es que hay un impacto marginal, se trata de un impacto estructural”.

Asimismo, añadió, “Me parece bien discutir los recursos del costo fiscal, hay discusiones que hay que dar en cuanto al nivel de protección a las empresas, cuales son los sectores que están rindiendo los mejores resultados pero no se va por ese camino que es la continuidad del régimen. Otra cosa que nunca se pone en consideración es que la provincia le llevó la propuesta al gobierno nacional para que las empresas financien esa ampliación de la matriz productiva”.

Finalmente, Juan Ignacio García puntualizó que la crítica a la 19.640 tiene un trasfondo político, “Creo que hay distintas motivaciones, la primera es aprovechar que se le puede pegar al gobierno nacional con esto, y usarlo como caballito de batalla de un Estado supuestamente ineficiente. Como hoy es el único régimen de promoción que ha subsistido, es donde se focaliza la crítica”.