En su participación en el CIMOP, Castillo subrayó la necesidad de ajustar los montos de las obras en cada jurisdicción. "Cuando se firmó el convenio en Casa Rosada, se establecieron cuáles eran las obras que la Nación consideraba prioritarias para seguir financiando, y cuáles asumía la provincia. De las obras que nos comprometimos, estamos trabajando, por ejemplo, en los Centros de Desarrollo Infantil, incorporándolos al plan de obras públicas con financiamiento propio".

En este marco, resaltó la urgencia de reanudar las obras con financiamiento nacional, que se habían detenido por la veda invernal. "Se planteaba como necesidad imperiosa poder reiniciarlas, pero aún no hemos recibido la adenda necesaria para continuar con un nuevo valor de obra", afirmó. Según la ministra, esto ha generado un escenario complejo, ya que "La redeterminación de obras de 2021 significaría multiplicar por diez el costo original".

Además, explicó: "Si decidimos reiniciar las obras en este momento, las empresas todavía tienen certificados de obra pendientes de pago desde hace un año. Esto significa que no podemos actualizar los precios ni establecer nuevos valores para esos trabajos. Por lo tanto, resulta complicado que las empresas estén dispuestas a retomar las obras bajo estas condiciones".

Por otro lado, mencionó que la Ley de Bases establece la posibilidad de renegociar contratos en los que se haya interrumpido la ecuación económica. Sin embargo, Castillo advirtió que "Solo se podrán renegociar obras con financiamiento nacional que superen los 270 mil millones de pesos, excluyendo muchas de las obras en convenio en nuestra provincia". En este sentido, enfatizó que las afectadas son "Las obras tecnológicas, como las plantas de tratamiento de agua y las obras viales. Enfrentan este desafío, ya que tienen un costo mayor y no cumplen con los requisitos para la renegociación".

Durante la reunión de la comisión de ministros, afirmó: "Abordamos los desafíos que enfrentaríamos para reactivar las obras, teniendo en cuenta que se pagaran los certificados pendientes y se establecieran nuevos precios. No obstante, incluso en este contexto, las obras estarían condicionadas, ya que los costos podrían incrementarse entre un 30% y un 60% sobre el valor redeterminado. Esto implica que, al intentar llevarlas a cabo, las empresas no solo se arriesgarían a perder sus ganancias, sino que el presupuesto ajustado tampoco sería suficiente para completarlas".

"La Nación nos planteó la opción de que, si las obras no eran viables económicamente, deberíamos renunciar a su reactivación. Sin embargo, nos encontramos en una situación complicada porque entendemos que estas obras son fundamentales para garantizar el acceso al agua potable y el tratamiento de efluentes, además del saneamiento en Tierra del Fuego". Castillo también resaltó que hay provincias que han destinado fondos propios para mantener sus proyectos, pero "esa no es nuestra realidad. Por ejemplo, una obra como el acueducto del Azud representa casi tres planes completos de obra pública financiados por la provincia".

En la reunión también se abordaron las obras gestionadas por ENOHSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, destacando que, de las 2100 obras originales en Argentina, tras la reestructuración quedaron 369 en convenio, de las cuales 100 corresponden a este ente.

Otro de los temas que se pusieron en agenda fue el Presupuesto 2025: "Estas obras firmadas por convenio no están detalladas dentro del mismo. Nos explicaron que no era necesario porque ya tenían crédito autorizado, más allá de que para una provincia es una tranquilidad que figure en el texto, especialmente en un contexto de incertidumbre sobre la continuidad del Ente Nacional".

A pesar de algunos pagos aislados, el paquete principal sigue en trámite administrativo, lo que retrasa la reactivación de proyectos clave para la provincia, como las obras de agua potable y tratamiento de efluentes. "Necesitamos poder determinar cómo seguimos. Se van a reactivar las obras de vivienda porque la provincia ha hecho frente al pago de los certificados que adeudaban con fondos propios, pero no podemos hacer frente a la totalidad de los certificados de las otras que han quedado pendientes de pago. Se debe de las obras viales, del mantenimiento de rutas".

Finalmente, la Ministra Gabriela Castillo advirtió que "Si no ponemos dinero no es posible reactivar", resaltando que si bien las obras de viviendas retomarán su curso a un ritmo diferente, las obras hídricas y viales están condicionadas por la necesidad de resolver lo adeudado y establecer los nuevos valores.