Finalmente Argentina sólo fue una mención durante la última reunión del año del Board del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el recibió además dos buenas noticias. La primera fue que no hubo problemas para la aprobación de las metas del tercer trimestre del año, con lo que el organismo financiero autorizará el giro de los u$s6.200 millones necesarios para poder cumplir con los pagos comprometidos dentro del Stand By firmado por Mauricio Macri en 2018. La segunda novedad, para la que habrá que esperar, será la apertura de la discusión dentro del propio Fondo para que en 2023 se resuelva el costo global que los países desarrollados debieron sufrir durante este año, a partir del incremento mundial de los precios de los combustibles desde la invasión de Rusia a Ucrania.

La máxima autoridad del organismo financiero internacional cerró sus sesiones del ejercicio actual, pensando más en las consecuencias de la acción militar de Vladimir Putin, que cualquier otro problema puntual de los países socios; algo que, al menos por el volumen de debate, terminó beneficiando a la Argentina. Según el comunicado final publicado desde Washington, el directorio del organismo debatió que durante este año “el aumento de la inflación mundial se ha trasladado a los precios internos, ejerciendo presión sobre los ingresos reales y amenazando la seguridad alimentaria, y las estrictas condiciones financieras mundiales crean obstáculos para el crecimiento” y que “una gestión prudente de las ganancias extraordinarias del petróleo y un progreso más rápido en las reformas estructurales y de gobernanza profundas son fundamentales para sentar las bases de un crecimiento más diversificado, inclusivo y sostenible”.

El FMI prometió así volver durante el 2023 sobre un tema clave para Argentina: el sobrecosto que debieron pagar países en desarrollo por el incremento de los combustibles, dinero que finalmente terminó perjudicando las posibilidades de recuperación en el primer año oficial de pospandemia. No es un tema desconocido para el país. Sergio Massa ya lo había discutido en octubre pasado con Kristalina Georgieva durante la reunión anual de otoño del FMI y el Banco Mundial; donde la directora gerente del Fondo le confirmó que para el año próximo se abriría un debate sobre la consideración del costo energético generado por la guerra.

En el caso puntual de Argentina, el debate se adelantó, y el capítulo fundamental no fue si habría o no reconocimiento, sino el monto del mismo. Para Argentina, éste habría superado los u$s4.500 millones; mientras que el FMI habla de no más de u$s3.000 millones. Se supone que cuando las partes vuelvan a tomar contacto, el tema volverá a estar sobre la mesa, y finalmente habrá acuerdo sobre el monto a liquidar desde el FMI. Este será en DEGs y servirán directamente para fortalecer las reservas del Banco Central. Es dinero que, además, no deberá ser tomado en cuenta como parte del Facilidades Extendidas vigente, sino como compensación general por el aumento de los precios de los combustibles durante este año, y el dinero que el país debió afrontar por este costo de naturaleza exógena. El mismo capítulo vinculado con la crisis ucraniana, deberá ser tomado en cuenta por el FMI en el momento de analizar la evolución de las reservas del Banco Central este año, y la posibilidad de reducir en parte la obligación de tener un incremento de más de u$s4.000 millones durante 2023.

Sobre el caso argentino, la reunión del Board sólo se detuvo en escuchar las explicaciones del staff técnico del organismo comandado por la norteamericana Gita Gopinath, que únicamente recalcó ante los directores de la entidad que el país había cumplido las metas del tercer trimestre, y que había cuestiones técnicas que resolver durante el 2023 para cerrar el primer año del Facilidades Extendidas. Ahora, con la aprobación y el anuncio final, antes del viernes 30 el país recibirá el dinero para no caer en default con el propio FMI.

El Fondo entrará desde el próximo lunes en una especie de receso obligado por las fiestas de fin de año. Al ser un organismo internacional, la mayoría de sus funcionarios viajan a sus países y regiones de origen. Retornarán a fines de la primera quincena de enero. Hasta entonces, no habrá fiscalizaciones desde Washington a Buenos Aires.