El pleno de la Convención Constituyente chilena aprobó este martes un artículo que prohíbe la “devolución por la fuerza a las fronteras” de personas que hayan solicitado asilo o sean refugiados extranjeros, una iniciativa propuesta por la bancada opositora Vamos por Chile.

“Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad pueden verse amenazadas, corra riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos”, dice el artículo 10.

La indicación fue aprobada con 115 votos a favor, 14 en contra y 22 abstenciones, por lo que superó los dos tercios necesarios (103 votos).

El artículo incluido en el borrador de la nueva Constitución no tutela el derecho a migrar, pero sí reivindica la posibilidad de ser considerado refugiado.

“Cuando hay personas que huyen de su país por persecución política, como es el caso de muchos, tiene que existir ese estatus de refugiado pero con limitaciones”, dijo el convencional de la derechista Unión Demócrata Independiente Martín Arrau.

El vicepresidente adjunto de la Convención y miembro del Colectivo Socialista, Tomás Laibé, lamentó que no se abordara en el pleno el derecho a migrar, que tampoco está contemplado en la actual Constitución ni la nueva Ley de Migraciones.

“Lamentablemente por los conflictos políticos que hay a veces dentro de las comisiones, la comisión no fue capaz de formular una propuesta de derecho a migrar que se sometiera a la consideración del pleno”, dijo Laibé.

El convencional agregó que sabía “que obtener los 103 votos para aprobar este derecho era complejo”, sin embargo, admitió que “esperábamos que esta decisión se resolviera democráticamente”.

Entre tanto, la convencional Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, aseguró que el acuerdo no se alcanzó debido a que varios colectivos consideraban que la inmigración “no era de materia constitucional”.

El pasado 12 de febrero, aún durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, entró en vigencia el Diario Oficial de la nueva Ley de Migraciones con el fin de controlar y fiscalizar el ingreso de inmigrantes por pasos no habilitados.

La entrada en vigencia de la nueva ley, promulgada en abril del año pasado, obedeció a la necesidad de atender principalmente la crisis en el norte de Chile, especialmente en la frontera altiplánica con Bolivia, donde estaba desbordada la inmigración ilegal y por lo que se instaló un Estado de Excepción Constitucional que implicó el despliegue de las Fuerzas Armadas y el refuerzo a los cuerpos policiales para controlar la situación.

Actualmente, Chile contabiliza 1.4 millones de inmigrantes, lo que representa más del 7% de su población total, y la comunidad con mayor presencia es la de los venezolanos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.