La ley busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia para mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que sufran por ellas dolores insoportables. “Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República“, detalla el texto, que también establece el procedimiento a seguir para ejercer este derecho.

El proyecto había dado sus primeros pasos el 13 de agosto con la aprobación en la Cámara de Representantes y luego avanzó a la Comisión de Salud Pública del Senado, donde se dialogó con distintos colectivos antes de su votación en el pleno.

El senador del Frente Amplio, Daniel Borbonet, como miembro informante, destacó que “Este proyecto ha sido construido con responsabilidad. Muy debatido en diputados, con una comunicación muy directa con senadoras y senadores se llegó a este proyecto. Se han establecido garantías claras para proteger a los pacientes, se deposita confianza en los profesionales médicos y en los equipos de salud. Se ha respetado la voluntad individual“.

Borbonet subrayó además que la ley no obliga a nadie y que “Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente y no impone conducta. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito, por lo que no se debe penalizar a nadie“.

En la misma línea, el senador colorado Ope Pasquet defendió la norma: “La ley es necesaria, liberal y humanitaria. Es necesaria porque hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padecen sufrimientos insoportables y que a veces algunas quieren acortar la vida para no sufrir hasta el final“.

La nueva ley establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo que no supere los 180 días desde su promulgación. Posteriormente, se contará con un plazo máximo de 90 días para conformar la Comisión Honoraria de Revisión, presidida por el Ministerio de Salud Pública, que revisará los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia.

Esta comisión estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, uno del Colegio Médico del Uruguay, uno de la Universidad de la República y uno de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y deberá elaborar un informe anual que será remitido tanto al Ministerio como a la Asamblea General.