El ajuste impacta en una estructura que emplea a cerca de 2.000 personas. De acuerdo con fuentes del sector, la compañía resolvió que parte de su plantilla interrumpa tareas siete días al mes hasta diciembre, con fuerte repercusión en la línea de celulares, segmento que sufrió una caída abrupta en las ventas tras la reducción de aranceles a la importación. La medida se tradujo en una reducción de turnos en las tres fábricas afectadas.

El esquema incluye a personal efectivo, contratado y bajo el régimen de Prestación Permanente Discontinua (PPD), sin distinción de antigüedad ni tipo de vínculo laboral. La decisión se tomó luego del acuerdo alcanzado en mayo entre la empresa y gremios, que garantizó la preservación de la totalidad de los puestos de trabajo al menos hasta fin de año. El escenario se modificó tras el decreto 333/2025, que redujo los aranceles de importación de celulares del 16% al 8% y fijó la eliminación total a partir de enero de 2026.

A ello se sumó la baja de la alícuota de impuestos internos, con el objetivo de abaratar los dispositivos en el mercado local. Desde el sector gremial e industrial advirtieron que estas medidas disminuyen la competitividad de la producción nacional, afectan el consumo de productos fabricados en la isla y ponen en riesgo el esquema laboral vigente. En reuniones de emergencia, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) afirmó que la empresa evaluó inicialmente despedir a 200 operarios, pero que esa alternativa fue descartada.

Según explicaron desde la organización y desde ASIMRA (Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina), el mecanismo consensuado busca sostener el empleo frente al derrumbe del mercado. “Alrededor de 500 trabajadores no prestarán tarea en la producción de celulares una semana cada mes”, indicó un delegado sindical. El acuerdo establece que no habrá impacto en vacaciones, aguinaldo ni premios anuales, y que los haberes se complementarán con montos remunerativos y no remunerativos contemplados en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Las explicaciones sobre la causa de las suspensiones no son coincidentes. Mientras en el ámbito empresarial sostienen que la demanda no se redujo de manera significativa y que los movimientos de plantilla responden al acuerdo vigente, desde la UOM aseguran que las ventas cayeron con fuerza en todas las categorías de producción. Las tres plantas que ensamblan celulares y televisores concentran el núcleo de la medida, mientras que las líneas de autopartes y televisores que abastecen otros segmentos no modificaron su dinámica, según señalaron fuentes empresarias y sindicales.

En el esquema acordado, los trabajadores perciben el 50% del salario en carácter no remunerativo durante los días sin actividad, con la validación legal y gremial correspondiente. Desde la UOM manifestaron que la principal preocupación es la “incertidumbre inmediata”, ya que el futuro laboral dependerá de decisiones macroeconómicas y regulatorias en los próximos meses. El plan de suspensiones evita despidos, pero está condicionado a la evolución de los indicadores del mercado.

De acuerdo con estimaciones privadas, la eliminación de aranceles es el factor de mayor presión sobre la industria local, ya que los productos importados comienzan a ganar competitividad frente a los fabricados bajo el régimen promocional de Tierra del Fuego. Desde enero de 2026, el Derecho de Importación Extrazona será del 0%, lo que según actores regionales pone en riesgo más de 7.000 empleos directos.

En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la liberalización del mercado al asegurar que generará “un beneficio neto para los consumidores” y que el impacto en el empleo de la isla será solo parcial. Desde los gremios y cámaras empresarias, en cambio, anticiparon que impulsarán alternativas para mejorar la competitividad de la industria electrónica nacional en un contexto de contracción del consumo y aumento de importaciones.