El nuevo marco normativo reemplaza al que estaba vigente desde 1989 y establece un plazo de 180 días corridos para que las empresas fabricantes se adecuen a las nuevas exigencias. Transcurrido ese período, quienes no hayan completado el proceso deberán volver a iniciar el trámite de certificación, tanto para nuevos productos como para aquellos que ya estén registrados.

Uno de los cambios centrales es que ahora se exigirá que los kits de producción lleguen completamente desarmados al Área Aduanera Especial, es decir, en estado CKD (Completely Knocked Down). En otras palabras, los equipos no podrán ingresar preensamblados o con partes armadas. Se busca así que el proceso industrial efectivamente se realice en territorio nacional, apuntando a fortalecer el agregado de valor local y sostener los niveles de empleo.

Quedan exceptuados de esta exigencia algunos componentes por razones técnicas: pantallas con placas, módulos Bluetooth o WiFi, fuentes externas o parlantes no atornillados. Las empresas que pretendan incorporar nuevos módulos a esta lista deberán presentar una justificación técnica ante la Subsecretaría de Gestión Productiva. En este sentido, la provincia de Tierra del Fuego podrá emitir opinión técnica sobre cada solicitud, aunque ese dictamen no será vinculante.

Además, se establece que las empresas deberán garantizar la realización de tareas efectivas de montaje, soldadura, inserción de componentes, pruebas de calidad, verificación de software, ensamblado final y embalaje dentro del país. Todos estos pasos deberán quedar debidamente registrados y estar disponibles para auditorías.

El Gobierno nacional busca con esta actualización evitar prácticas de ensamblado simbólico o de bajo impacto industrial. La intención es que la industria electrónica, particularmente en Tierra del Fuego, mantenga un perfil productivo genuino y competitivo, que justifique los beneficios fiscales del régimen promocional vigente.

Las nuevas disposiciones ya están en vigencia y forman parte de un conjunto de medidas orientadas a revisar los procesos industriales alcanzados por regímenes de promoción económica, como es el caso de la industria electrónica fueguina.