Durante el juicio, los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Glinka habían solicitado penas de 15 años para el exlegislador y 12 para su cómplice, basándose en la cantidad y el tipo de material recolectado en la investigación, que incluía 603 archivos con imágenes de explotación infantil y prácticas zoofílicas.

La investigación se originó a partir de una operación internacional denominada “Guardianes de la Niñez”, encabezada por la organización Child Rescue Coalition. A través de un informe enviado a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), se identificaron direcciones IP en Argentina, entre ellas la del domicilio de los hermanos Kiczka.

En su defensa, Germán Kiczka sostuvo que fue víctima de una “persecución política” y aseguró: “El Gobierno sabe que, destruyéndome a mí, destruye a mi partido, la única fuerza opositora real de la provincia”. Además, se declaró inocente: “Bajo juramento, declaro que nunca en mi vida busqué o descargué, me interesó y mucho menos compartí material de pornografía infantil, ni nada que se le parezca”.

El exlegislador pertenecía al Partido Activar y fue expulsado de la Legislatura misionera tras ser hallado prófugo en un camping en Corrientes. Por su parte, su hermano Sebastián intentó desligarlo de los hechos y declaró ante el tribunal: “Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”. También afirmó: “No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet”.

Durante la causa se secuestró una computadora y un pendrive con contenido ilegal. Los fiscales señalaron que las defensas intentaron confundir al tribunal con teorías “cínicas” y “falsos informes”, acusando incluso al diputado Pedro Puerta y al padre de los condenados de falso testimonio.

El juicio se realizó mayormente a puertas cerradas para preservar la privacidad de las víctimas. La sentencia marca un precedente significativo en la provincia en cuanto a este tipo de delitos.