La denuncia fue formalizada ante el juez federal Daniel Rafecas y la fiscal Paloma Ochoa en Argentina, y también se elevó a instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional de La Haya y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dalbón argumenta que las expresiones de Milei vulneran diversos tratados internacionales, entre ellos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, al promover un "pensamiento único" y restringir la libertad de expresión y conciencia.

El abogado sostiene que tales palabras reflejan una grave violencia institucional y evocan prácticas de la dictadura militar, exigiendo una disculpa pública del presidente para evitar futuras intervenciones internacionales.