Mientras el Congreso avanza con la conformación de la comisión bicameral de seguimiento de privatizaciones, el Gobierno declaró a Aerolíneas Argentinas, como una empresa del Estado sujeta a privatización a través del decreto 873/2024, argumentando que la situación financiera de la empresa es “insostenible”.

De esta manera, acelera el proceso y posterior debate en el Congreso (le da trámite prioritario), donde debe debatirse la venta. La propuesta apunta, entre otros argumentos, a que los argentinos “dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”, tras los sucesivos paros.

Este decreto presidencial, se ampara en la ley de Reforma del Estado aprobada en 1989 durante la primera presidencia de Carlos Saúl Menem. "Declárase sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 y sus modificatorias, a la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.", dice el artículo 1 del decreto publicado en el Boletín Oficial.

Qué dicen los considerando de la normativa

El Gobierno de Javier Milei expresa, en todo momento, que Aerolíneas Argentinas es una empresa que genera pérdidas considerables para el Estado. Por eso mismo, en las últimas semanas, el conflicto con los aeronáuticos por el reclamo salarial ha ido en ascenso con paros ya realizados y advertencias sobre otras medidas de fuerza.

La normativa, bajo la que se encuadra este decreto de Javier Milei, es de los tiempos de Carlos Menem y dispone que "la declaración de 'sujeta a privatización' será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. La denominada Ley de Reforma del Estado fue sancionada en agosto de 1989, en los inicios del mandato del riojano.

En su artículo 8 la normativa detalla cómo es el procedimiento para avanzar en privatizaciones en empresas en las que el Estado tiene participación: "Para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, incluyendo las empresas emisoras de radiodifusión y canales de televisión, es requisito previo que hayan sido declaradas 'sujeta a privatización' de acuerdo a las previsiones de esta ley", indica. Luego llega el artículo que adelantó el vocero Manuel Adorni el pasado viernes en conferencia de prensa: "La declaración de sujeta a privatización será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso.

El artículo 10 precisa "El acto que declare 'sujeta a privatización' puede referirse a cualesquiera de las formas de privatización, sea total o parcial, pudiendo comprender tanto a una empresa como a un establecimiento, bien o actividad determinada".

El texto también explica que "el decreto del Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, cuando fuere necesario, la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aún cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio".

En este contexto, este miércoles, los pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevarán a cabo un paro de 24 horas en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos (Cefepra) en el Aeropuerto de Ezeiza. La medida no afectará los vuelos comerciales. Esta será la primera huelga desde mediados de septiembre, cuando junto a la Asociación de Aeronavegantes (AAA) paralizaron más de 300 vuelos durante 24 horas.