La reforma, aprobada en medio de fuertes protestas y una violenta represión del gobierno de Gerardo Morales, incluye un artículo que criminaliza los bloqueos de carreteras y otras formas de protesta. También hay disposiciones sobre el uso de tierras fiscales y agua, que se dejan al arbitrio del gobierno local sin consultar a las comunidades indígenas.

La intervención de la Corte Suprema fue sugerida por el Procurador General interino, Eduardo Casal, que argumentó que, como el conflicto involucra al Estado Nacional y a una provincia, la Corte debe intervenir "independientemente del tema en disputa". Aunque la opinión de Casal no es vinculante, la Corte Suprema suele buscarla en casos políticamente significativos.

La reforma constitucional ha sido denunciada por el Ministerio de Justicia, que argumenta que viola la Constitución al restringir el derecho a la protesta y omitir la obligación de consultar a las comunidades indígenas sobre el uso de tierras fiscales y agua.

El Ministro Martín Soria, que presentó la denuncia por instrucciones del presidente Alberto Fernández, declaró que el reconocimiento de Casal de la necesidad de la intervención de la Corte Suprema "muestra la gravedad institucional y social de lo que está ocurriendo en Jujuy". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también han expresado su preocupación por la reforma.

Por el momento, la decisión final sobre el tratamiento de la reforma constitucional recae en la Corte Suprema, que puede optar por rechazar la denuncia, remitirla a la justicia provincial, o examinar el fondo del asunto. Mientras tanto, las protestas continúan frente al Palacio de Justicia, donde el Tercer Malón de la Paz pide la anulación de la reforma.