La adopción de una política de subsidios a las tarifas de los servicios públicos basada en el nivel de consumo residencial podría causar un impacto positivo en las decisiones de eficiencia energética, si es que, además, es acompañada de "instrumentos normativos" y medidas de incentivo a la adquisición de electrodomésticos y la utilización de materiales de construcción de última generación.

Así lo sostuvo la economista Laura Lacaze, especializada en construcción civil e investigadora de políticas de consumo eficiente de la energía eléctrica y gas en la Argentina y el mundo.

"La política pública está generando un claro mensaje en relación con la necesidad de reducir los consumos, lo que puede impactar positivamente sobre las decisiones que afectan la performance energética de los hogares", señaló.

Junto con Rocío Zampelli, Sabina Estayno y Hernán Braude, Lacaze presentó en septiembre del año pasado una investigación sobre "Tecnologías para la eficiencia energética residencial y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero", en la que analizó los efectos positivos múltiples que tendrían la incorporación masiva de electrodomésticos de bajo consumo y materiales de construcción como los bloques de hormigón curado en autoclave (HCCA) y el doble vidriado hermético.

Entre esos efectos sobresalen el ahorro de recursos tanto a escala familiar como del Estado nacional, en tanto se reducen las presiones de los subsidios tarifarios en el déficit fiscal y las importaciones de energía, pero también en menores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo que redunda en una mejor calidad de vida y preservación del planeta, y en un aliciente a la producción local de equipamientos y materiales.

En base a estudios de Dhiren Tejani y Hernán Darhanpé, Lacaze estimó diferentes escenarios de reducción de consumo con la adopción de los cambios mencionados y llegó a la conclusión que con el reemplazo de los vidrios tradicionales por el doble vidriado hermético y los ladrillos huecos por los bloques de HCCA, el ahorro en el consumo de gas podría alcanzar al 21% en una vivienda multifamiliar y al 36% en una unifamiliar, mientras que en el caso de la energía eléctrica sería del 3% y 6%, respectivamente.

En el caso de los equipamientos, con el reemplazo de unidades antiguas por otras de clase A o superior, el ahorro llegaría al 33% en el consumo eléctrico y del 31% en el del gas.

Asimismo, los investigadores Salvador Gil, Adrián Gutiérrez Cabello y Balbina Griffa, de la Universidad de San Martín (Unsam), indicaron que si se reemplazaran cinco millones de heladeras viejas por otras de clase A o superior, el ahorro en energía sería de 2,5 millones de Mw (megavatios) por año, equivalentes a la energía generada por la central nuclear de Atucha I.

"De todas maneras –advirtió Lacaze-, ese efecto concreto dependerá también de la capacidad de los instrumentos normativos y de internalizar el estrecho vínculo entre la eficiencia energética y las características estructurales del hogar, tales como el tipo de vivienda en que vivimos, los materiales que la componen y los electrodomésticos que utilizamos".

Al respecto, indicó que "los electrodomésticos que hoy realizan un consumo más eficiente de energía son los equipos más modernos que no son aquellos que encontramos en el hogar promedio argentino, y menos aún en hogares de bajos recursos".

En su investigación, Lacaze sostuvo que la estructura de subsidios previa a la implantación de criterios de consumo "aplaza de manera significativa los plazos de amortización y reduce sensiblemente la tasa de retorno que el consumidor final percibe de las inversiones en equipamientos, dispositivos e insumos materiales capaces de mejorar la eficiencia energética residencial".

En otras palabras, una energía demasiado barata, muy por debajo de los costos de explotación, no representa un aliciente al consumo eficiente y de allí que "una progresiva reestructuración de la política tarifaria con la provisión de incentivos a ese tipo de inversiones ofrece la posibilidad de transformar, desde la perspectiva del erario, el gasto corriente en gasto de capital", apuntó.

"De esta manera, se logra el mantenimiento del nivel de gastos en energía para el consumidor final por la vía de la reducción de las cantidades (en oposición a la disminución de los precios unitarios) y se le otorga al esquema una mayor sustentabilidad en el tiempo, lo que tiene a su vez un efecto impulsor para la industria nacional", completó.

Si bien muchos abordajes de políticas de ahorro de energía y consumo eficiente pusieron el centro de su atención en los procesos industriales y en las grandes empresas, Lacaze advirtió sobre la importancia del consumo residencial, ya que "un 16,1% de las emisiones en Argentina proviene de actividades que tienen como uso final el sector residencial", y de ese porcentaje "el 12,5% se explica de manera directa por el consumo de energía, tanto en lo que hace a la electricidad como a otros combustibles".