Lo afirmó el Secretario General de UEJN, quien denunció que la intervención por 30 días a la seccional Tierra del Fuego, se determinó por las numerosas denuncias de irregularidades y un sistema de terror que Bechis generó entre los afiliados.

Julio Piumato, el Secretario General del gremio de los empleados judiciales de la nación (UEJN), hizo declaraciones en la TV Pública fueguina dando detalles del porqué la intervención a la seccional Tierra del Fuego y los violentos sucesos que se dieron en el día de ayer.

Piumato comenzó diciendo: “Durante el proceso que Bechis rompe con la conducción nacional, nosotros nos acercamos donde nunca habíamos recibido denuncias, porque evidentemente el sistema de terror que Bechis generó entre los afiliados de la seccional Tierra del Fuego, le daba a la gente la impresión que Piumato era lo mismo que Bechis, entonces nunca nos llegaban denuncias. A partir que nosotros empezamos a ir frente a la deflexión de Bechis, comprendiendo a la gente afectada, con mucho miedo en la seccional, que la realidad era otra, nos empezaron a llover las denuncias sobre irregularidades, hasta incluso supuestas actitudes que configuraban supuestos delitos, pero como era el proceso electoral, no nos parecía conducente por que se hubiera desviada la atención.

Finalizado el proceso electoral y ratificada la conducción nacional a lo largo y a lo ancho del país, decidimos esta intervención por 30 días, para realizar una auditoría y verificar si las numerosas denuncias efectuadas tenían asidero. Por eso en el día de ayer se presentó una comisión integrada por un miembro de comisión directiva, la compañera Maia Volcovinsky, el interventor designado, Federico Billone y dos auditores, el contador Carlos Beli y la contadora Estefanía Burgos, que hicieron como correspondía de acuerdo al estatuto, pacíficamente se presentaron en la Comisaria Primera anoticiando del trámite que se realizaría, después nos apersonamos en la sede del gremio donde la empleada nos atendió y ahí empezaron a trabajar los auditores”.

Piumato continuó diciendo: “La entrada fue pacífica y empezaron a trabajar, después tuvimos una reunión con el presidente del superior tribunal en ejercicio, el Doctor Gonzalo Sagastume, porque nos enteramos el presidente se encontraba en la provincia de La Pampa. Me comuniqué con el Doctor Muschnik y le conté los detalles de la situación, pero los compañeros que estaba allá se entrevistaron con el Doctor Gonzalo Sagastume, donde hicieron la presentación, informando como eran los tramites que se tenían que hacer de acuerdo a los estatutos para los aportes de los afiliados, que no es como lo estaba haciendo Bechis, proponiendo un sistema más transparente para realizar los descuentos a los afiliados, en tanto y en cuanto el sistema presentaba irregularidades que fuimos detectando en las primeras horas de la auditoria”.

El Secretario General de la Unión Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) detalló: “Se estaba desarrollando pacíficamente la auditoria cuando irrumpieron en la sede del gremio ya intervenida conforme a los estatutos, una banda conducida por un miembro de la comisión directiva que ya tiene antecedentes de violencia de género, el señor Lucas Méndez, con su hermano que también antecedentes de haber estado años en prisión por conductas ilícitas, con la intención de apropiarse de la notebook que es propiedad de Unión Empleados de Justicia, a efectos de evitar que se continúe la auditoria establecida de acuerdo a los estatutos del gremio, ahí es agredido uno de los auditores que tiene que ser atendido, recibió 4 puntos en el Hospital Regional y también es agredida la compañera Maia Volcovinsky, que tiene contusiones de todo tipo, por eso está interviniendo el juzgado del Dr. Federico Vidal, de manera que las actuaciones siguen”.

“Por la gravedad de las denuncias definimos a los efectos de garantizar la auditoria, una intervención de 30 días. El cambio de autoridades se producirá el 26 de julio, por eso la intervención en principio terminaría antes del cambio de autoridades. Si de la auditoria ratifica lo que ya fue encontrado que son serias irregularidades, que incluso conllevan delitos penales, como la figura legal que figura en el artículo 310 del código penal y serios perjuicios a los afiliados de la seccional y a la organización sindical, cuando termine la auditoria, la comisión directiva analizará los informes y veremos quienes son los dirigentes que están implicados en esas serias irregularidades.

Sobre esa base se definirá, si no hay ningún dirigente implicado, la asunción del 26 de julio será en términos legales. Ahora bien, la agresión que recibieron los compañeros que estaban actuando legal y pacíficamente, implican denuncias de agresiones que van a tramitarse por la Justicia Penal de Tierra del Fuego”, finalizó diciendo Julio Piumato.