En relación a la propuesta de readecuación de los fondos destinados a subsidio de los cuarteles de Bomberos de la provincia, la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, explicó que “el articulo 30 del proyecto de Presupuesto 2023 es una propuesta que hace el Poder Ejecutivo hacia la Legislatura, que es donde finalmente se define lo que se aprueba y lo que no”.

La invitación a Massa a exponer sobre esta iniciativa clave para el Gobierno nacional fue acordada este martes por la tarde en una reunión que mantuvieron la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y los titulares de los bloques parlamentarios del oficialismo y la oposición.

Estos puntos incorporados a la ley eran reclamadas desde distintos sectores del empresariado, como la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) o la Confederación General Empresaria (Cgera).

Contempla un gasto general de casi 29 billones de pesos, un crecimiento del 2 por ciento, una inflación estimada en el 60 por ciento, y un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 por ciento.

Entre otras previsiones, establece reducir el déficit fiscal al 1,9%, desde el 2,5% que tiene previsto este año. Manzur aseguró que el proyecto mantiene "el compromiso con el pueblo argentino de aumentar la inversión en cuestiones estratégicas".

El titular de la Comisión de Economía N° 2, legislador Federico Sciurano (UCR) adelantó el análisis del proyecto de Ley de Presupuesto para 2023.

Ayer tomó estado parlamentario el proyecto de Ley de Presupuesto provincial para el 2023. Como lo establece la Constitución Provincial, el Ejecutivo remitió la iniciativa el 31 de agosto.

La comisión de Presupuesto fue convocada para hoy a las 14, para debatir la extensión de la vigencia de los impuestos que vencen el 31 de diciembre del 2022, que el oficialismo aspira a votar en el recinto en el corto plazo.

El proyecto de presupuesto 2023 se elabora en base a un crecimiento del 3,5 del PBI, inflación del 60% y déficit fiscal de 1,9 % del PBI. Los ajustes que se harán este año: provincias, empresas, fideicomisos y algunos salarios estatales están en la mira.