Los primeros datos que trascendieron sobre las proyecciones económicas que elabora el Gobierno para el año que viene contemplan la continuidad del proceso de crecimiento, una caída en la tasa de inflación y avances en la reducción del déficit fiscal, según informaron fuentes oficiales.

Los números preliminares que confeccionan en el ministerio de Economía a los efectos de la elaboración del presupuesto 2023 -deberá presentarse concluirse el próximo 15 de septiembre - incluyen un crecimiento económico de 3 a 3,5%, una inflación del 60% y una mejora en el resultado del comercio exterior (fruto de las menores importaciones de energía que se esperan para el año próximo).

Estas proyecciones resultan optimistas cuando se las contrasta con las estimaciones privadas. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, los analistas esperan la mitad de la expansión económica -1,5%-.

Si bien quienes participan del REM coinciden en esperar una desaceleración de la inflación para el año próximo, estas proyecciones son menores, ya que prevén que el índice de precios se reduzca desde 90% que se registraría en el corriente año a de 76,6% en 2023.

En el ministerio de Economía también se trabaja sobre la premisa de continuar con la aplicación del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. En tal sentido, se proyectará un déficit primario de 1,9% del PBI, es decir el establecido en el programa.

Dado que para este año está previsto un desbalance de 2,5%, cumplir con la meta de 2023 significará un nuevo esfuerzo en el ordenamiento de las cuentas públicas, de 0,6% del PIB, una meta que luce ambiciosa si se tiene en cuenta que el año que viene será electoral y, por lo tanto, se acrecentarán los pedidos de mayores gastos.

Ganancias

En lo inmediato, la nueva conducción económica considera que se van a cumplir con las metas acordadas con el FMI a partir de una recomposición en los ingresos y una contención del gasto.

El equipo económico espera que la cuenta de los recursos se vea reforzada por tres vías. Una es el nuevo cuadro para las tarifas públicas, aunque son muchos los interrogantes que se plantean en torno de la implementación.

También jugará a favor el anticipo del impuesto a las Ganancias aplicable a aquellas empresas que lograron rentas extraordinarias como consecuencia de la suba en los precios internacionales derivada de la guerra en Ucrania. Se estima que por esta vía se lograrían al menos 100.000 millones de pesos. Aunque descuentan el rechazo de vastos sectores y apelaciones judiciales. Al respecto, ya salieron a pronunciarse en contra de esta medida la UIA; el Foro de Convergencia (que representa a numerosas entidades empresarias) entre otras.

Agro

Una tercera fuente de ingresos provendría del pago de derechos de exportación a partir del adelanto de ventas al exterior que el Ministerio de Economía está negociando con grupos como las cerealeras. El piso de recaudación por este concepto rondaría los 200.000 millones de pesos.

Sin embargo, CIARIA – CEC en un comunicado reciente indicó que “en los próximos días estarán ingresando unos 1.000 millones de dólares”. Una de las críticas del sector agropecuario es que el “dólar soja” resulta de difícil implementación y obliga a numerosos trámites y la semana pasada el Centro de Exportadores de cereales (CEC) reconocía que ”aún se encentran ciertos inconvenientes en los bancos para abrir las cuentas especiales en dólares”.

Al respecto, en los pasillos del Palacio de Hacienda, se escuchan quejas del accionar del Banco Central tanto por no ha efectuado un buen control del ingreso / egreso de divisas. Asimismo, que las algunas normativas son de difícil interpretación y ejecución. Por esta razón, vuelven los rumores de una posible salida de Miguel Pesce.

Ajuste

Pero para cumplir con la meta de déficit el equipo que lidera Sergio Massa también deberá llevar adelante políticas de contención del gasto. Ya se comunicó a los ministerios que no habrá más dinero que el asignado (incluyendo la ampliación del presupuesto que se hizo por decreto de necesidad y urgencia).

Particularmente, se está tratando de limitar los giros para aquellas provincias que muestran superávit en sus cuentas como así también para los fondos fiduciarios y empresas del Estado que cuentan con excedentes en el sistema financiero. La intención es que agoten estos recursos antes de pedir asistencia del Tesoro.

También las restricciones afectaran las transferencias a provincias –particularmente las que son superavitarias -. Asimismo, desde Hacienda se pedirá que todas las dependencias extiendan los pagos a proveedores del Estado. Además, detectaron que numerosos fondos (PROCREAR, los de garantías FONDEP Y FOGAR, del Sistema Integrado de Transporte, FFSIT, entre otros) cuentan con excedentes presupuestarios depositados en organismos financiero y que, de ahora en más, deberán ser utilizados.

Un dato llamativo: en momentos que se registran importantes incendios forestales resulta que el Fondo del Manejo del Fuego tiene fondos ociosos en los bancos.

Salarios

Uno de los temas que preocupa al equipo económico son los desvíos en la pauta salarial del sector público. El acuerdo con el FMI contempla que en la segunda parte del año las remuneraciones de los empleados estatales se mantengan en términos reales, pero se observa que en distintos casos han tenido subas por encima de la inflación.

Tal es el caso, precisan, de los empleados judiciales que tuvieron mejoras de 18% por encima de la inflación, aumentos que – señalan – en muchos casos se aplican sobre sueldos elevados en su comparación con el sector privado. En otras áreas las mejoras no fueron tan importantes, pero alcanzan a acerca de 5%, un nivel para el que no existe financiamiento.

Los desvíos en esta materia podrían significar erogaciones adicionales superiores a los 200.000 millones de pesos. Por esta razón, se comenta que Massa está discutiendo caso por caso, y en privado, una contención de estos gastos.

En suma, en Ministerio de Economía creen que se cumplirá con la meta de déficit del tercer trimestre “de manera muy ajustada” y siempre y cuando puedan mantener la política de corte de gastos que están llevando adelante.