En diálogo con FM Fuego, la legisladora Natalia Gracianía, titular de la Comisión de Seguridad Nº 6 de la Legislatura provincial, explicó que “con esta decisión del Gobierno Nacional no se tocó y se modificó la Ley 19.640, no se tocó el subrégimen industrial, no se tocaron derechos adquiridos, porque yo he escuchado muchas cosas y me parece que es importante aclarar esto”. Sobre la medida, agregó: “Esta baja de aranceles a los celulares, que se hace en dos etapas de manera progresiva, viene acompañada de otras dos medidas, que es la baja de impuestos internos, o sea, el Gobierno Nacional deja de cobrar impuestos internos a las empresas radicadas en Tierra del Fuego, y otra medida más que es la posibilidad de la venta puerta a puerta por el sistema Courier, que permite superar distintas trabas burocráticas que no permitían exportar productos desde Tierra del Fuego al continente de manera más eficiente y con menor costo logístico”.

Respecto al impacto de la medida en los precios y la cadena de comercialización, Gracianía afirmó: “Las decisiones que se tomaron tienen que ver justamente con abaratar los costos, y la baja de impuestos internos y la habilitación del sistema Courier se hacen como contrapartida para compensar la baja de aranceles. El Gobierno Nacional compensó el posible impacto que pudiera tener esta medida y con dejar de percibir los impuestos internos, que bajan del 9,5% a 0%, esta baja de impuestos es una compensación por la quita de los aranceles. Además, el sistema de venta puerta a puerta simplifica la aduana para facilitar las exportaciones. Entonces, no se trata solo de bajar los aranceles, sino que esta medida viene acompañada y compensada con otras acciones para mejorar la competitividad de las empresas fueguinas”.

Al ser consultada sobre cuándo podrían verse los efectos concretos, Natalia expresó: “La medida es absolutamente reciente, el decreto se conoció hace pocos días y todavía hay cuestiones que se tienen que reglamentar, como el sistema puerta a puerta. Por eso, me parece que hay que esperar un tiempo prudencial para ver cómo impactan estas medidas”.

La legisladora cuestionó con firmeza los mensajes alarmistas que circularon: “He escuchado muchos comentarios, incluso de personas con influencia, que hablan de que el gobierno nacional va a dejar sin industria a Tierra del Fuego, que quiere que la provincia quede despoblada, que está en contra de la industria fueguina. Pero si uno analiza las medidas, puede ver que el presidente ha mantenido su palabra de no tocar los derechos adquiridos de Tierra del Fuego. El cambio en los aranceles es una potestad del Poder Ejecutivo Nacional permitida por el Código Aduanero y la ley 19.640. El mensaje que se ha dado genera pánico y miedo en la población, y no es el mensaje real del gobierno nacional”.

Asimismo, Gracianía sentenció: “El gobierno nacional no quiere que a Tierra del Fuego le vaya mal, al igual que al resto de las provincias de Argentina. ¿Qué beneficio tendría el gobierno nacional en que a Tierra del Fuego le vaya mal? Ninguno. Sin embargo, se intentó instalar este miedo, lo mismo que con la mentira de que iba a haber represión y la llegada del comando antipiquete. Ese tipo de mensajes hay que manejarlos con responsabilidad, sobre todo quienes están en lugares de influencia, desde ejecutivos provinciales hasta municipales, que dieron mensajes apocalípticos que nada bien le hacen a la población de Tierra del Fuego. Obviamente, por cuestiones políticas”.

A continuación, la legisladora se refirió a las recientes declaraciones políticas y empresariales en torno al futuro de la Ley 19.640 y el subrégimen industrial, además de la propuesta de adhesión al Régimen de Incentivos a la Generación de Inversiones (RIGI) para impulsar la economía provincial.

En esa línea, afirmó que la polémica generada por las declaraciones del exministro de Economía nacional, Luis Caputo, y algunos referentes políticos sobre el fin del subrégimen fue utilizada con fines políticos y mediáticos, generando un clima de incertidumbre y alarma injustificada. “Caputo, cuando hace estas declaraciones, dice que fue el único que se animó a ir contra el régimen. Eso fue utilizado para afirmar que se terminaba el subrégimen industrial, que se terminaba la Ley 19.640. Sin embargo, él se refería específicamente al régimen arancelario, no al subrégimen industrial ni a la Ley 19.640, porque de lo contrario debería haberlo dicho claramente. Entonces, usaron sus palabras para darles una interpretación totalmente caprichosa y funcional al mensaje que querían transmitir a toda la población de Tierra del Fuego. Ese mensaje fue difundido además por muchos medios de comunicación, y la gente no podía creer otra cosa que lo que les estaban contando.”

Y agregó: "Lo preocupante fue que desde el gobierno en vez de llevar calma y dialogar con Nación y empresarios, se optó por un discurso alarmista que perjudicó a la gente".

Sobre la Ley 19.640, que rige desde 1972, reconoció que fue una norma necesaria para un contexto muy diferente al actual, cuando Tierra del Fuego requería atraer población y desarrollar su industria. Sin embargo, criticó que durante más de 50 años los gobiernos provinciales no trabajaron lo suficiente para diversificar la matriz productiva y generar fuentes genuinas de empleo.

"La reconversión productiva siempre quedó en un eslogan, sin acciones concretas que permitan generar empleo real más allá del subrégimen industrial", afirmó. En ese sentido, valoró la iniciativa legislativa que junto a Agustín Coto presentó en julio de 2024 para adherir la provincia al RIGI, un régimen que ofrece incentivos tributarios, aduaneros y seguridad jurídica para atraer inversiones en sectores como forestal, minería, tecnología, hidrocarburos y energías alternativas.

Para Gracianía, la adhesión al RIGI no reemplazaría ni generaría conflictos con la Ley 19.640, sino que coexistirían para ampliar las oportunidades económicas y laborales en Tierra del Fuego. También destacó proyectos para desarrollar la acuicultura,con estrictos controles ambientales, y otros sectores como la madera y la turba.

Por oto lado, hizo un llamado a la responsabilidad política para dejar de lado el uso electoralista del tema y buscar soluciones concretas: "Tierra del Fuego necesita más industrias y más fuentes genuinas de trabajo, porque hoy mucha gente busca empleo y no encuentra. No podemos quedarnos solo con lo que tenemos".

Sobre la acusación de que el subrégimen industrial sea un "curro", Graciani admitió: “Que la han utilizado para curros, lamentablemente sí. Pero yo creo que la Ley 19.640 bien utilizada, si se hubiera cuidado mucho más, si se hubiera trabajado mucho más para que no perdiéramos los beneficios... Fíjese que los jubilados municipales nos recuerdan la cantidad de beneficios que hemos perdido y lo dicen con mucha amargura. Si se hubiera trabajado mejor, si se hubieran hecho los controles en los momentos que se tuvieron que hacer, hoy no tendríamos esa mala fama. Pero lamentablemente, sí, se utilizó para curros, lamentablemente”.