La Ley N.º 8.477, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz y promulgada recientemente, ya está en vigencia. Esta normativa permite al Ministerio de Salud cobrar a los conductores infractores los costos de atención médica, medicamentos, prótesis y órtesis proporcionados por el Sistema de Salud Público.

En casos de insolvencia, la legislación establece que los responsables deberán saldar su deuda mediante servicios comunitarios, conforme lo determine la reglamentación que se está finalizando.

El gobernador Sáenz argumentó que los accidentes de tránsito bajo estas condiciones representan un gasto significativo para el sistema sanitario: "Una internación no crítica cuesta 15 millones de pesos al mes, mientras que un paciente crítico puede requerir hasta 60 millones".

La normativa refuerza la Ley de Alcohol Cero vigente en Salta desde 2014, cuyo cumplimiento sigue siendo un desafío, especialmente durante los fines de semana, cuando se registra un aumento de accidentes viales relacionados con la ingesta de alcohol.

En el último fin de semana de diciembre, se detectaron 257 conductores alcoholizados en los 7.499 controles realizados durante el Operativo Verano Seguro. Autoridades locales, como la legisladora Alejandra Navarro, destacaron la importancia de esta ley para crear conciencia y reducir los siniestros viales.