La polémica se desató días atrás cuando la condenada a cadena perpetua, Nahir Galarza, por haber asesinado a su novio Fernando Pastorizzo, publicó fotos en las redes sociales desde la cárcel,lo cual planteó el debate sobre si se debe permitir el uso de los teléfonos celulares en las instituciones penitenciarias.

Leandro Halperín, legislador porteño (Evolución) y especialista en cárceles, dijo que "En algunos esquemas normativos está prohibido, respecto a la regulación del Servicio Penitenciario Nacional, en 2017 hubo una reforma del artículo 160 en el que se prohíben las comunicaciones bajo esas vías".

"Pero, aclaró,  que hay servicios penitenciarios como el bonaerense donde el teléfono celular está permitido con determinadas condiciones. Lo cierto es que no hay ningún argumento formal que justifique la prohibición o la autorización, es una decisión discrecional del legislador", apuntó.

En ese sentido, analizó: "La pregunta sería si es necesario prohibir los teléfonos celulares o si lo que corresponde es una regulación acertada en donde tenerlo, o no, forme parte de los estímulos que las personas privadas de su libertad tengan para ir incorporándose a los distintos beneficios que pueden ir adquiriendo".

"La prohibición absoluta genera nichos de corrupción y privilegios, y hace que se produzcan hechos como secuestros virtuales", indicó.

Y comparó: "Hay otras prisiones donde en determinadas condiciones los presos pueden tener el teléfono, con estrictos controles, sabiendo el SIM, el e-mail, la identificación del celular".

"La prohibición provoca privilegios, un Estado que regula es mucho más razonable que un Estado que prohíbe", cerró.