La UCR local denunció inconstitucionalidad de la Ley 26885

La Unión Cívica Radical fueguina, a través de su Presidente Pablo Blanco, presentó una demanda ante la Justicia por la que se solicita se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2°, 4°, 18° y 30° de la recientemente promulgada Ley 26885 por la cual el gobierno pretende imponer la elección por el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. El Presidente de radicalismo fueguino solicitó también que se interponga una medida cautelar que suspenda la convocatoria a elecciones primarias para elegir a estos consejeros.

La petición de la UCR puntualiza que “las normas impugnadas, en cuanto alteran de un modo inconstitucional la forma en que los partidos políticos pueden postular candidatos a cargos electivos, y de tal suerte modifican las legítimas expectativas de aquéllos para presentarse a las elecciones, conformando o no alianzas de acuerdo a estrategias adoptadas libremente, provocan en la Unión Cívica Radical un agravio directo, personal y específico”.

Blanco consignó que “nuestro partido no puede consentir un avance contra las instituciones democráticas y contra la Constitución Nacional de ninguna naturaleza. El oficialismo nacional, que acusa a cualquier opositor de golpista por el mero hecho de pensar distinto o señalar errores, debe darse cuenta que lo que estas leyes que ha impulsado están haciendo es un verdadero e inadmisible golpe contra las instituciones republicanas”.

“Nosotros, como radicales, no vamos a permitir que los jueces sean instrumentos de los partidos políticos ni de los gobiernos de turno. No lo vamos a consentir y jamás se nos cruzaría por la cabeza llevar adelante proyectos totalitarios semejantes en caso de llegar al gobierno. No se puede, bajo el atractivo nombre de ‘democratización de la Justicia’, pretender su subordinación porque subordinarla es volverla parcial y volverla parcial es hacerla desaparecer”.

“Convocamos a todos los partidos de la oposición a negarse enfáticamente a que se nos trate como instrumentos para politizar y partidizar a la Justicia, objetivo que no sólo es palmariamente inconstitucional sino que vulnera los fundamentos mismos de nuestro partido, plasmados en la Carta Orgánica y en todos los documentos emitidos desde su fundación hace más de ciento veinte años en defensa del sufragio libre, de los valores republicanos y del federalismo”, sostuvo Pablo Blanco.

“Por estas razones nos hemos presentado ante la Justicia para pedir que declare la inconstitucionalidad de las normas que vulneran estos principios y que se suspendan las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en lo que respecta a la elección de jueces y consejeros de la magistratura según el voto popular. Los jueces –aseguró Blanco– no pueden ser oficialistas de ningún oficialismo sino respetuosos de la Constitución, cumpliéndola y haciéndola cumplir”.

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