El abogado defensor del juez Andrés Leonelli, Gustavo Ariznavarreta, afirmó que los archivos por los cuales se lo investiga por presunta tenencia de pornografía infantil forman parte de causas judiciales en las que el magistrado trabajó a lo largo de su extensa trayectoria en el Poder Judicial.

Leonelli fue imputado tras un allanamiento ordenado por la jueza federal María Cristina Barrionuevo, que incluyó su domicilio particular y su despacho judicial, luego de una denuncia originada por la plataforma Google, la cual reportó imágenes almacenadas en su cuenta de Gmail que podrían constituir material de abuso sexual infantil.

“Es una situación compleja, siempre lo es cuando hay una incursión del Estado en la vida privada de una persona, y más si se trata de un juez con una extensa y reconocida carrera en el ámbito judicial”, sostuvo Ariznavarreta. Según explicó, en abril pasado Google notificó a Leonelli la detección de contenido sensible en su cuenta y procedió a bloquearle el acceso. El juez solicitó entonces precisiones sobre los archivos cuestionados, ya que “almacena en la nube documentación de trabajo, estudios, clases y causas judiciales”, pero nunca recibió respuesta de la empresa.

Frente a esta situación, Leonelli presentó una demanda como consumidor ante el Tribunal Administrativo local, exigiendo explicaciones y la restitución de su cuenta. Paralelamente, Google activó un protocolo a través de la ONG internacional Missing Children que colabora en la detección de este tipo de contenidos. Esto derivó en una denuncia en la Ciudad de Buenos Aires que, por jurisdicción, fue remitida a Tierra del Fuego.

“Leonelli nunca supo qué era lo que se le objetaba. Recién hoy accedimos a parte del expediente. No hay información precisa, y él mismo desconoce cuáles son exactamente las 52 imágenes que Google reportó. Tiene almacenados miles de archivos de carácter laboral, algunos desde hace más de 20 años”, señaló el abogado.

Ariznavarreta destacó que no hay indicios de que el contenido haya sido compartido ni distribuido, lo que, según el marco penal, ubica el hecho en una figura menos grave, “Se trata de una presunta tenencia simple, y no de distribución o producción. No hay movimientos registrados en la nube, sólo la existencia de archivos inertes”.

El defensor también recordó un caso previo ocurrido en el mismo distrito judicial, en el que se investigó a personal policial por situaciones similares. “En esa oportunidad también intervino la jueza Barrionuevo, quien resolvió que no hubo delito, dado que los archivos correspondían a causas judiciales en investigación. No hubo allanamientos. La diferencia de criterio es notoria”, expresó.

En ese sentido, cuestionó la magnitud del operativo realizado contra Leonelli, “Se secuestraron celulares y dispositivos que incluso pertenecen a su esposa, que es psicóloga y tiene información sensible de sus pacientes. No tiene sentido que se lleven todo por las dudas. Hay un uso desmedido del poder punitivo del Estado”, sostuvo, y añadió que presentará un planteo al respecto.

Asimismo, advirtió sobre una falta de protocolos adecuados dentro del Poder Judicial para almacenar información sensible, “No existe una nube institucional con claves de acceso seguras y registros. La mayoría de los funcionarios judiciales manejan este tipo de archivos en discos externos, pendrives, o sus computadoras personales. Y es algo que debe revisarse”.

Por último, Ariznavarreta planteó que el caso debe analizarse también desde el impacto social y la función pública que ejerce el magistrado. “Esto afecta su vida personal y también la confianza de la comunidad. Pero en este momento lo que se está investigando no demuestra un accionar doloso. Lo que hay es una alerta tecnológica que debe contextualizarse en su función judicial”.