La denuncia de Gasc se centraba en supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos. Según sus acusaciones, Rodríguez Ojeda habría solicitado el pago de tres meses de gastos de representación para la compra de ropa tras asumir como presidente del Concejo en 2019, mientras que Muñoz habría pedido un adelanto equivalente a seis meses por razones de salud para viajar a Buenos Aires, sin presentar certificados médicos, además de haber presentado facturas de compras en locales de alimentos sin justificación adecuada.

Inicialmente, el fiscal mayor de Río Grande, Pablo Bramatti, consideró creíble la denuncia, y el juez Pellegrino aceptó el caso. Sin embargo, tras realizar una serie de investigaciones, el magistrado concluyó que no existían indicios sostenibles de delitos.

La defensa, encabezada por el abogado Raúl Paderne, sostuvo que no hubo actividades ilegales, sino posibles irregularidades administrativas, las cuales no alcanzaban para configurar un delito.

El abogado Paderne afirmó que la denuncia de Gasc estaba motivada por "Una intencionalidad personal bastante marcada" y que carecía de fundamentos sólidos. Según el letrado, los gastos cuestionados se enmarcaban dentro de las normativas que rigen la actividad de los concejales, y no se encontraron evidencias de malversación de fondos. Además, ningún concejal fue sometido a declaración indagatoria debido a la falta de pruebas contundentes.

Los concejales ahora evalúan iniciar una demanda civil contra Gasc por daños y perjuicios, argumentando que la denuncia afectó su reputación sin sustento jurídico. Gasc, por su parte, continúa en litigio laboral contra el Concejo Deliberante tras haber sido desvinculado del organismo antes de presentar la denuncia. Además, enfrenta una causa por amenazas, en la cual acusó a Rodríguez Ojeda de haberle proferido advertencias intimidatorias.

El fallo del juez Pellegrino se basó en un dictamen del Tribunal de Cuentas emitido antes de la denuncia, que no encontró irregularidades en la gestión de los concejales. La resolución judicial quedó firme al no ser apelada por la Fiscalía. La sentencia pone fin a un proceso que generó tensiones en el ámbito político de Tolhuin, pero deja abierta la posibilidad de nuevas acciones legales derivadas del conflicto.