Las protestas en Perú se mantienen firmes e incluso en crecimiento a pesar del brutal operativo represivo ordenado por el gobierno. En consecuencia, desde este domingo 15 de enero, la presidenta Dina Boluarte declaró el Estado de emergencia y la intervención de los militares en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno.

49 muertos ya ha cobrado la represión desde que el congreso destituyó a Castillo, el pasado 7 de diciembre. Sin embargo, desde la semana pasada las manifestaciones y los bloqueos han ido en aumento, replicándose en más de 100 puntos del país.

La declaración del Estado de Emergencia y la intervención militar intenta responder a la oleada de movilizaciones, que rechazan la destitución de Castillo, asimismo exigen un llamado inmediato a elecciones y en algunos casos también la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el repudio a todo el régimen político.

El epicentro de las protestas es el sur del país, de mayoría Quechua y Aymara, sector históricamente marginado. En esa región es donde Castillo concentró la mayor cantidad de votos y donde más tenazmente se expresa el repudio a la ultraderecha representada en la familia Fujimori.

Por su parte, la presión internacional sobre Boluarte ha ido en aumento, luego de la terrible masacre perpetrada por las fuerzas de seguridad, y que fue denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país esta semana. Sin embargo, Boluarte sólo hizo unas cínicas declaraciones pidiendo «perdón por los muertos» pero aclarando que «no va a renunciar». Horas después de pedir «perdón», ordenó el despliegue militar.