Leonardo Pérez Bustos, titular de la consultora fueguina Neodelfos, explicó en una entrevista para FM Fuego el análisis que realizaron sobre el impacto de la aplicación definitiva del decreto 333. “Lo que venimos haciendo desde hace tiempo es un seguimiento sistemático de la evolución de los distintos registros censales”, señaló.

“Particularmente, analizamos la evolución demográfica de Río Grande: según el censo oficial de 2022 la ciudad contaba con 117.499 habitantes, y nuestras proyecciones la ubican cerca de los 120.000 para 2025”, explicó.

Para ponerlo en perspectiva, antes de la implementación de la ley 19.640, en 1972, Río Grande contaba con una población de apenas 7.754 habitantes: “Si hacemos un cálculo tomando en cuenta un crecimiento demográfico normal, es decir, la tasa vegetativa típica que podría tener cualquier ciudad sin estímulos especiales, y comparamos esa proyección con la realidad de Río Grande, que tuvo el impacto del régimen industrial, vemos una gran diferencia”, precisó.

“En un escenario sin la promoción económica, hoy Río Grande tendría aproximadamente 12.772 habitantes, considerando un desarrollo económico tradicional y sin incentivos especiales. Esa cifra sirve para hacer un contraste. Entonces, al comparar esos 12.772 habitantes proyectados sin la promoción industrial, con los 117.499 habitantes que tenemos actualmente en la ciudad, la diferencia es de aproximadamente 104.727 personas”, acentuó.

En este sentido, Pérez Bustos explicó: “Es un aproximado del 80 y 90% de la población actual. Es muchísima cantidad de habitantes. Esto como para poder dimensionar cuál fue el impacto real, fáctico, concreto, en términos de números, en relación al impacto demográfico que tuvo en Tierra del Fuego, en términos generales, pero en Río Grande, en términos particulares.”

El titular de Neodelfos puntualizó además que “es una ciudad que claramente no cuenta con el estímulo de la actividad económica vinculada al turismo que sí tiene, por ejemplo, la ciudad capital, que es Ushuaia.” En esa línea, contrastó, “Ushuaia claramente enfrenta limitaciones geográficas importantes que dificultan un crecimiento urbano normal, mientras que Río Grande cuenta con condiciones más favorables para expandirse y urbanizarse. Eso es algo evidente. Sin embargo, creo que lo realmente relevante es la coyuntura actual que estamos atravesando, y el debate que se está dando sobre el posible impacto que podría generar la eliminación progresiva de los aranceles, que están previstos para llegar a cero a partir del próximo año.”

El reciente incremento de la inflación mayorista, particularmente en el rubro alimentario a causa del encarecimiento de productos importados, pone en tela de juicio que la baja de aranceles repercuta verdaderamente en una disminución de precios para el consumidor.

“Me parece que acá no se está considerando el modelo de distribución de los grandes operadores comerciales en Argentina: un mercado de alimentos con una concentración exacerbada en producción, comercialización y distribución, y la misma dinámica ocurre en el sector de electrónicos. En 2017 ya se implementó una caída de aranceles con el argumento de abaratar precios y ampliar la oferta de notebooks, pero aquel experimento no redujo los costos para el consumidor ni generó una mayor diversidad de modelos en las góndolas. No ocurrió una cosa ni la otra: se mantuvieron los precios —en algunos casos, inclusive, aumentaron— bajo una oferta limitada en cuanto a la diversidad de productos”.

Para reforzar su argumento, recordó la experiencia de 2017, “Se bajaron aranceles como parche para dar margen a la industria fueguina, pero no significó mayor competitividad. Al contrario, se impusieron nuevas trabas: los consumidores necesitan CUIT, siguen pagando 21 % de IVA y enfrentan límites de volumen. Muy lejos de una política liberal.”

Finalmente, advirtió que el preaviso de seis meses para llegar a arancel cero a principios del año próximo parte de cálculos pensados en grandes importadores que compran cientos de contenedores desde el sudeste asiático a precios inalcanzables para pequeños operadores. “En Tierra del Fuego, toda la economía está blanqueada. Además, hemos perdido más del 20 % de salario real desde 2017 y llevamos 18 meses de caída sostenida del consumo masivo. Sin mejorar el poder de compra, cualquier reducción arancelaria será cosmética.”

Así, Pérez Bustos concluyó que, sin protección arancelaria, sectores como el cuero y la electrónica fueguina quedan totalmente expuestos, y advirtió que no hay perspectivas de mejora en la calidad de vida de los argentinos, mucho menos de los más vulnerables y de los trabajadores, si se elimina el régimen que, durante décadas, sustentó su desarrollo.