La Secretaría de Comercio dispuso la derogación de 69 normas con el fin de avanzar hacia un "comercio interior más simple, menos burocrático y más transparente". Se ven afectados los controles de precios en supermercados, la obligación del abastecimiento y los aumentos en la educación privada y la salud, entre otros. Analistas advirtieron que la desregulación tiene un sesgo contrario a la protección de los consumidores y que tiene el riesgo de "profundizar el impacto regresivo" de las políticas del Gobierno, ya que puede implicar una mayor presión inflacionaria. Aunque señalan que en los hechos las derogaciones solo blanquearon algo que ya ocurría, remarcan que en caso de una devaluación en el corto plazo la remarcación de precios podrá ser mayor.

La medida se oficializó mediante la Resolución 51/2024 del Boletín Oficial y se eliminaron normas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ambas leyes que ya habían sido derogadas en el DNU impulsado por el presidente Javier Milei a fines de diciembre. Se quitaron el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e insumos.

Además, tanto el rubro de la salud como los colegios y universidades privadas estarán exentos de informar respecto de los aumentos de cuotas, mientras que también se eliminaron los regímenes informativos de Precios Máximos, Precios Cuidados y Precios Justos.

Al respecto, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, señaló que "el sesgo desregulador de esta medida lo que hace es profundizar el impacto regresivo de las políticas de Milei" y destacó su "tendencia procíclica", es decir, su potencialidad inflacionaria.

Letcher remarcó: "Si yo dolarizo el combustible, pero además desregulo, el impacto es doble y tiene un tendencia procíclica, si mañana vuelvo a devaluar, vuelven a aumentar los precios. El caso de la nafta es paradigmático, las petroleras no se van a fijar si se consume en el mercado interno, sino si pueden exportar. No digo de inmediato, pero en el mediano plazo, puede que el mercado interno sea secundario. Han cambiado del paradigma del autoabastecimiento al de la maximización de las ganancias".

El economista de Epyca Dante Moreno apuntó a que la iniciativa de Comercio intenta "hacer mucho más llano el mercado y reformar la idea de que son la oferta y la demanda los que van a regular los precios".

"Es una medida de efecto hacia el público en general. No sé si va a tener un impacto en la economía, porque lo que se hizo fue dar un nivel de contención a las medidas que ya se dieron en el mercado por sí mismo, se le da un marco de referencia a las empresas. Creo que va a haber sectores que sí van a tener incidencia como Educación y Salud, pero otros no. La devaluación, que seguro será en marzo, va a generar otro aumento de precios", analizó Moreno.

Y agregó: "Estamos en un nivel de incertidumbre muy alto. Van a tratar de tener un cierto margen de rentabilidad, tratando de no perder clientes. La medida refuerza la visión de que los que están pagando el ajuste son los trabajadores y la clase media".

Por su parte, el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Andrés Asiain, no consideró que la derogación "tenga un efecto inmediato" porque "en los hechos, desde que ganó Milei, los empresarios ya no le daban importancia a ese tipo de regulaciones".

"La inflación por lo que puede ser desregulación del mercado ya se vio fuerte incluso cuando se conoció el resultado de las elecciones. Después, puede generar efectos de aumentos desmedidos en algunos costos financieros, salud, y etc, pero no creo que tenga un efecto importante en el corto plazo porque su impacto fue justo antes de que se desarmaran esas regulaciones", aseguró Asiain en línea con la disparada de precios que llevó a la inflación al 25% en diciembre.

Con esta dinámica de precios, las expectativas están puestas en el desplazamiento del dólar oficial y en la posibilidad latente de una próxima devaluación proyectada por el mercado para marzo-abril, dado que se fue erosionando la competitividad que se logró en diciembre y, en las últimas semanas, se incrementó la brecha entre el dólar oficial y los financieros. La inflación viajando al 25% mensual le sacó ventaja al crawling peg del 2% que había fijado el Gobierno.