Los Fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos para litigar a los accionistas que eran propietarios del 29% de YPF en el momento de la expropiación, están en disputa con el estado argentino. La jueza Loretta Preska debe decidir sobre la fecha efectiva de expropiación de la petrolera y la tasa de interés aplicable.

En el mejor de los casos, Argentina tendrá que hacer un desembolso similar al que ya realizó a Repsol, por 5.000 millones de dólares. En marzo, ya se definió la responsabilidad del estado argentino por no haber lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para todas las acciones cuando expropió el 51% de la compañía, incumpliendo el estatuto de la empresa.

Ahora, la disputa se centra en la fecha exacta de la expropiación. Según el estado argentino, debería ser el 7 de mayo de 2012, cuando el Congreso transformó la expropiación en ley. Sin embargo, Burford Capital sostiene que fue el 16 de abril de 2012, cuando el gobierno intervino la empresa. Esta diferencia de tres semanas es crucial, ya que, en ese tiempo, el valor de las acciones de la petrolera cayó un 27,3%, de US$22 a US$16 por acción.

La jueza Preska también debe determinar si se deben pagar intereses y a qué tasa. Si bien ambas partes acordaron que el límite superior de la tasa sería del 8% anual, Argentina sostiene que no deberían aplicarse intereses. En cambio, Burford Capital, aplicando la tasa del 8% al valor que establece para la fecha del 16 de abril, llega a la cifra de US$16.050 millones.

El monto final puede variar dependiendo de las decisiones de la jueza en ambas variables. La última audiencia se llevará a cabo mañana, y luego se esperará la decisión de la jueza, que se dará a conocer a finales de agosto. Sin embargo, cualquier fallo podría ser apelado ante instancias superiores.