Mientras busca facilitar la aprobación de la Ley Ómnibus a partir de la quita del capítulo fiscal, el Gobierno dió el primer paso para intervenir todos los registros automotores nacionales, una de las promesas de campaña de Javier Milei.

El primer movimiento lo hizo el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Presentó formalmente el proyecto para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de cien registros automotores del país.

El Gobierno ya había puesto el foco sobre automotores con medidas como la quita del impuesto "al lujo" en autos de hasta $19 millones, con el objetivo de reactivar las ventas.

Qué busca el Gobierno

Actualmente, hay en el país 1.557 registros de la propiedad automotor y según los últimos relevamientos, se realizan unas 180.000 transferencias o inscripciones por mes, entre automóviles, motocicletas y transporte pesado como la maquinaria agrícola.

El sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. A su vez, hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción. El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia.

Dentro de su campaña electoral, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.

A su vez, cuestionó el modo de nombramiento de sus titulares, a quienes incluyó como parte de la "casta política" y enfatizó en que forman parte de un sistema de "privilegios" que buscaría desmantelar en su reorganización de los organismos publicos.

Las críticas definen al sistema como "burocrático, poco eficiente, costoso y complejo", y también lo indica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con exfuncionarios, o familiares directos o indirectos.