El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo este martes en el tercer aniversario del comienzo del estallido social que aquel movimiento ciudadano "trajo consigo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas" que obligan los políticos a no cometer "los mismos errores", y aseguró que las violaciones a los derechos humanos perpetradas entonces por las fuerzas de seguridad "no deben quedar impunes ni volver a repetirse".

“El estallido social expresó y trajo consigo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas. No vamos a permitir que sea en vano, no podemos ser los mismos como sociedad después de esta experiencia, no podemos cometer los mismos errores ni quedarnos arrinconados en nuestras cómodas veredas”, afirmó el mandatario desde el Palacio de La Moneda.

Asimismo, Boric afirmó que “ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que ahí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar”.

El jefe del Estado descartó la mirada que califica al estallido como un brote de violencia y falta de control policial, e invitó a considerarlo por lo que significó en las semanas posteriores, como la marcha masiva que reunió a más de un millón de personas en Santiago y otros miles en el resto del país el 25 de octubre de 2019.

Boric insistió en que hubo un periodo de meses posteriores “en que más del 70% de la población apoyó el estallido social y se sintió interpretado por este. No pretendamos negar la historia”.

Al explicar las motivaciones del suceso, recordó las demandas sociales que se acumularon durante los últimos 30 años y que hoy siguen vigentes: dignidad, salud, pensiones, educación, salud mental, cuidado de la infancia, paz, el derecho de vivir en paz.

Frente a este escenario, anunció su intención de que en su Gobierno se pueda poner fin “a este largo período de sequía, en que las reformas no se concretan por falta transversal de acuerdo en el mundo político y, además, de hacernos cargo de las urgencias del momento”.

En este sentido, enumeró los proyectos con los que su administración pretende atender esas demandas que ya están en marcha o en proceso de discusión, entre ellos las reformas tributaria y previsional, el incremento de sueldo mínimo y el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 semanales.

También recordó lo que significó el estallido social en materia de violaciones a los derechos humanos, que dejó como saldo a más de 8.000 víctimas de violencia estatal durante el segundo mandato de Sebastián Piñera (2018-2022).

“Como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede volver repetir”, expresó.

El estallido social iniciado en octubre de 2019 tuvo como detonante un alza en las tarifas del transporte público, pero derivó luego a demandas en materia de derechos sociales y provocó el proceso constituyente actualmente en marcha.

Para la jornada de este martes están previstas al menos 20 manifestaciones y marchas, razón por la cual el Gobierno anunció ayer el despliegue de alrededor de 25.000 Carabineros de Chile para resguardar la seguridad, al tiempo que distintas instituciones tomaron previsiones para evitar situaciones que pongan en riesgo a las personas.

Muchas empresas resolvieron acortar la jornada laboral para que sus trabajadores puedan volver a casa temprano, y el Metro de Santiago adelantó su hora pico a las 15, que normalmente es a las 18, con el fin de que los ciudadanos puedan volver con tranquilidad a sus hogares.