La defensa argentina se ha mostrado dispuesta a pagar unos USD 5.000 millones, sin embargo, los demandantes esperan una cifra considerablemente mayor, hasta USD 16.000 millones. Cualquier decisión será probablemente objeto de apelaciones, y el eventual pago probablemente será responsabilidad del próximo gobierno.

Los demandantes, Burford Capital, un estudio de inversiones británico que adquiere este tipo de demandas, adquirió el derecho a litigar de dos empresas Petersen, accionistas minoritarias de YPF.

El juicio ha despertado un intenso debate en Argentina, con intensos intercambios entre el oficialismo y la oposición sobre la manera en que se llevó a cabo la expropiación y la implicación del gobierno kirchnerista en la empresa petrolera.

Pablo González, presidente de YPF, expresó su apoyo a la expropiación y afirmó que aquellos que se oponen a ella defienden intereses que no coinciden con los de quienes consideran la energía un bien estratégico. Añadió que el valor de YPF no sólo se puede medir por su valor en el mercado en un momento dado, sino por sus vastas reservas de gas y petróleo, y señaló que la empresa obtuvo ingresos de 18.000 millones de dólares y un EBITDA de 5.000 millones de dólares el año pasado.

Ahora, la jueza Preska debe decidir cuánto deberá pagar el país por su sentencia.