El proyecto prevé una ampliación de la capacidad del estadio en un 53%, elevándola de 8.400 a 13.000 espectadores. La iniciativa es promovida por DF Entertainment, empresa de Finkelstein, que posee la concesión del estadio por 40 años. Como parte del acuerdo, el empresario abonó un millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión y se comprometió a pagar un canon anual del mismo monto.

La aprobación de la Comisión, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, fue promovida por su presidenta, Mónica Capano, y por Juan Vacas, vocal del organismo y actual subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, quien responde políticamente al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La rapidez del proceso, que se resolvió en apenas dos meses durante el receso vacacional, generó sospechas, ya que trámites similares suelen extenderse por meses o años.

La última palabra la tendrán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y Su Santidad el Papa Francisco, ya que el mítico estadio pertenece a la Iglesia Católica. Inicialmente, el gobierno porteño había rechazado la viabilidad del proyecto, pero la participación de su funcionario Juan Vacas en la votación favorable dentro de la Comisión ha generado nuevas críticas.

Diversas organizaciones que defienden el patrimonio histórico, como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler, sostienen que el estadio puede ser remodelado sin vulnerar las normativas de protección ni afectar su valor histórico. No obstante, denunciaron la falta de acceso al expediente del caso y al acta de aprobación de la demolición, lo que suma incertidumbre a un proceso que promete seguir generando controversia.