En la maniobra denunciada por Branca también se encuentran involucrados, el ex jefe de Gabinete Omar Becerra, el ex secretario de Ambiente César Molina, la ex secretaria de Economía Luisina Giovanelli y el concejal Juan Manuel Romano, en su carácter de vicepresidente primero del Concejo Deliberante, a cargo de la Intendencia Municipal.

El concejal pretende que se investiguen las conductas de los funcionarios en la firma del convenio rubricado el pasado 7 de junio entre Agrotécnica Fueguina y el Municipio de Ushuaia mediante la cual se obligó al Municipio de Ushuaia a abonar $987.380.836 a la empresa.

El polémico acuerdo se rubricó tras concretarse la adjudicación del servicio de Gestión Integral de Residuos Urbanos a favor de Agrotécnica Fueguina. Eso implicó, la finalización del anterior contrato y la extinción de los contratos de trabajo. A partir de ahí surgió la obligación de la empresa de indemnizar a sus trabajadores por “extinción del vinculo laboral”.

Así fue que apelando a la “teoría de la imprevisión”, la Municipalidad de Ushuaia asumió la responsabilidad de afrontar con dinero público el pago de las indemnizaciones a los trabajadores de Agrotécnica.

El acta acuerdo fue elevada al Concejo Deliberante mediante el formato de decreto, un instrumento que ante la ausencia en la ciudad del Intendente Walter Vuoto, fue refrendado por el concejal Romano (a cargo de la Intendencia).

En Sesión Ordinaria, realizada el pasado 6 de julio el Concejo Deliberante ratificó el acuerdo en una votación dividida 3 a 3 que desempató el presidente del cuerpo Juan Carlos Pino (Frente de Todos).

Por la ratificación del acuerdo votaron los concejales: Pino, Gabriel De la Vega (FDT) y Laura Ávila (FDT). Por ese motivo, Branca solicitó que se evalúe judicialmente sí el accionar de los ediles constituyó una acción delictiva. Eso a partir de tratarse de partidas de dinero a las que se les quitó su destino original, algo que requiere que se realice una modificación presupuestaria. La Carta Orgánica Municipal establece que esa autorización legislativa sólo se puede concretar con los votos de los 2/3 del cuerpo, es decir cinco de los siete concejales.

Respecto de la intervención de Vuoto en la maniobra, el concejal planteó que “no puede descartarse la decisión del Intendente Walter Vuoto” para que se lleve adelante. Para el edil esta maniobra “puede resultar una devolución de favores luego de las elecciones municipales de mayo pasado”.

La denuncia penal de Branca fue presentada esta mañana ante el Juzgado de Instrucción Nº1 a cargo de la jueza Cristina Barrionuevo. A partir de allí, la presentación será remitida al fiscal de turno para que se evalúe el requerimiento de instrucción.