La investigación apunta a supuestas maniobras realizadas entre 2008 y 2015 que habrían generado un perjuicio cercano a 7.000 millones de dólares para el Estado. La audiencia, que se desarrolla de manera virtual a través de Zoom, tuvo esta mañana las últimas palabras de los acusados.

De Vido se limitó a agradecer al tribunal, Baratta aseguró que la “inocencia de todos quedó demostrada” y Dromi rechazó los cargos.

En su alegato, la fiscal Fabiana León pidió condenar a De Vido a cuatro años y ocho meses de prisión, a Baratta a cuatro años y seis meses, y a Dromi a cuatro años, al considerarlos responsables de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Según la acusación, entre 2008 y 2009 se habrían pagado valores inflados en la compra de 11 buques de GNL y la intermediación de la empresa Diligentia SA, representada por Dromi, derivó en comisiones consideradas “espurias”.

La causa se originó tras una pericia impulsada por el fallecido juez Claudio Bonadio, que señalaba pérdidas multimillonarias. Sin embargo, más tarde se descubrió que ese informe contenía datos adulterados, lo que derivó en un proceso penal contra su autor, el perito David Cohen. Un análisis posterior estableció que las adquisiciones se hicieron a valores de mercado, aunque la Justicia decidió avanzar con el debate oral.