Fossatto indicó que “la recusación es una herramienta que tenemos disponible dentro de lo que es el Código para poder hacer estas presentaciones cuando existan causas fundadas”, y precisó que se trata de una recusación “con expresión de causa, sustentada en lo que es el artículo 28, inciso 7, 10 y 29, del Código Procesal, Comercial, Civil, Laboral, Rural y Minero”.

El funcionario explicó que se planteó la existencia de “un prejuzgamiento o una opinión por adelantado por parte de uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia antes de que la causa haya llegado a su conocimiento”, y remarcó que el Ejecutivo “ha aportado las pruebas correspondientes” para respaldar ese planteo.

Asimismo, señaló que la presentación busca “garantizar el debido proceso legal”, en línea con “las condiciones que deben cumplirse para que se pueda asegurar la adecuada defensa de los derechos y obligaciones de las partes en un proceso judicial”.

Fossatto también manifestó que “estamos alegando una incertidumbre prolongada particularmente sobre la validez o constitucionalidad de la ley, que afecta a una institución que es el estado de derecho y el principio republicano de gobierno”, y consideró que hay “una afectación de lo que es el principio de celeridad y la garantía de la tutela judicial efectiva”.

En ese sentido, remarcó: “Lo que pedimos es que se nos dé la garantía de los principios de imparcialidad, objetividad y la independencia judicial”.

El Secretario Legal y Técnico recordó que “hay una causa conexa, que ya tuvo una sentencia previa” y en la que “se pudo determinar que no hubo una actividad administrativa irregular en la esencia de esta causa que es la Ley Provincial 1529 y el Decreto Provincial 1656, el cual había establecido la fecha para poder llevar adelante la elección de convencionales constituyentes”.

Según explicó, actualmente “existen ciertas acciones o actos procesales en la causa donde se había requerido el expediente y hubo una demora infundada o insostenida por parte de la vocalía” y esa situación impide que “tengamos un avance en lo que sería llegar a que pasen las actuaciones a acuerdo definitivo”.

En función de ello, sostuvo que “vemos acreditadas las condiciones objetivas requeridas por el Código para hacer esta presentación que se realizó el día martes”.

Por último, Fossatto no descartó que el Gobierno solicite la habilitación de la feria judicial para que el proceso no siga dilatándose. “No lo tenemos todavía definido pero es una de las situaciones que estamos considerando justamente para que tenga coherencia con lo que nosotros estamos planteando en esta presentación. Nosotros hoy no necesitamos que la incertidumbre se prolongue aún más en el tiempo”, concluyó.