La resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicada en el Boletín Oficial en enero, estableció una nueva normativa para la evaluación médica de invalidez en el acceso a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

La normativa sobre las modificaciones en los criterios de elegibilidad, cobró notoriedad por estas horas al viralizarse la terminología utilizada en el Anexo I que incluye expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, en referencia a personas con discapacidad intelectual. Según la cartera sanitaria nacional, “ANDIS es un ente autárquico y sus resoluciones no pasan por el Ministerio de Salud”.

El organismo aclaró que “la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta“.

El nuevo baremo se copió palabra por palabra de un decreto firmado en 1998 por el presidente Carlos Menem, peronista ultraliberal al que Milei considera fuente de inspiración. Bajo el título Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores, aquel texto desarrollaba en 48 páginas “una metodología de evaluación del deterioro psico-físico, con criterio uniforme, que permita determinar el grado de incapacidad” de aquellos que piden una pensión por invalidez. La norma fue modificada años más tarde para adaptarla a los requerimientos de la ONU.

En el apartado de Psiquismo, la nueva normativa sustituía la clasificación convencional de discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda por términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental profundo, moderado o leve". Además, el anexo del decreto detallaba las características de cada una de estas categorías, describiendo, por ejemplo, que "el idiota no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo". En cuanto a "el imbécil", establecía que "no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias". Por último, indicaba que "el débil mental profundo solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias".

El texto también indicaba que, en algunos casos, el diagnóstico podía realizarse sin necesidad de interconsulta con un especialista, mencionando explícitamente "Síndrome de Down, cuadros demenciales en período de estado, debilidades mentales profundas", bajo el argumento de que "los parámetros clínicos serán soberanos", es decir, podían ser determinados a simple vista.

El anexo del decreto publicado por el Gobierno de Javier Milei había pasado desapercibido hasta que comenzó a circular en redes sociales, especialmente tras su difusión en la cuenta de X llamada Arrepentidos de Milei, donde rápidamente se volvió viral. Sin embargo, antes de que la noticia se instalara en la opinión pública, organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis ONGs ya habían presentado un reclamo formal al Ejecutivo el 3 de febrero, exigiendo la derogación de la normativa. En su documento, estas entidades advirtieron que la resolución representaba "un retorno al modelo médico de la discapacidad, y por lo tanto un grave retroceso para los derechos de este colectivo".

Tras el estallido de la polémica, desde el Ministerio de Salud se confirmó la desvinculación de Miriam Améndola, quien estaba prevista para asumir como coordinadora de Fiscalización Médica en ANDIS. Su designación se había dado en reemplazo de Tatiana Alvarado, otra funcionaria que participó en la redacción del documento pero que dejó su cargo antes de la publicación. Ambas fueron señaladas como responsables del contenido del decreto y su lenguaje considerado discriminatorio.

El titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, calificó el hecho como un "grave error" y explicó que los términos empleados provenían de una "terminología obsoleta". Además, anunció la apertura de una investigación interna para determinar responsabilidades y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Hasta el momento, la salida de Améndola ha sido la única decisión tomada en relación con el caso.

Mientras tanto, el escándalo sigue generando repercusiones en el ámbito político y en redes sociales. Algunos sectores cercanos al oficialismo sostienen que lo sucedido podría haber sido producto de una maniobra interna de sabotaje dentro del Gobierno.