La publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que incluía términos considerados discriminatorios, generó un fuerte repudio y llevó a su anulación y a la desvinculación de una funcionaria. Organizaciones denunciaron un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad, mientras el Gobierno atribuyó el hecho a un "error" basado en terminología obsoleta.