El segundo round que podría tener la Ley ómnibus en el Congreso en caso de que el Poder Ejecutivo consiga encarrilar una negociación con los gobernadores volverá a poner sobre la mesa la posibilidad de que el equipo económico había considerado descartada hace pocas semanas: que parte del ajuste fiscal pronunciado que necesita este año para equilibrar las cuentas públicas pueda ser conseguido, además de por un fuerte recorte de partidas, por mayores ingresos que provengan de subas impositivas.

La Casa Rosada abrió la puerta para que la discusión con los mandatarios provinciales tenga como resultado un apoyo amplio al megaproyecto de ley, que naufragó en las sesiones extraordinarias, a cambio de un alivio fiscal para las alicaídas arcas provinciales.

Una posibilidad es la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, pero en este aspecto ya hubo alguna aspereza: la Nación quiere achacarle esa idea a los gobernadores y estos tampoco quieren absorber el costo político de reducirle el salario a un amplio grupo de trabajadores en un contexto de profunda recesión económica.

En ese contexto, de todas formas, el equipo económico que conduce Luis Caputo podría obtener una buena tajada si el ida y vuelta con las provincias llegaran a buen puerto, un escenario que todavía es lejano pero al que buscarán apuntar desde el Poder Ejecutivo. Esa tajada se traduce en el “formato” del ajuste fiscal de este año, de cinco puntos porcentuales del Producto Bruto, una magnitud con pocos antecedentes en las últimas tres décadas tanto en la Argentina como en otras economías.

La convocatoria del presidente Javier Milei a una nueva ronda negociadora con los gobernadores vuelve a poner sobre la mesa algunos artículos y medidas que están relacionadas con el ajuste fiscal que busca Luis Caputo y que necesitaban respaldo parlamentario.

Costo del fracaso inicial

Para ponerlo en grandes números, los analistas destacan: el fracaso del primer intento de sanción de la Ley Ómnibus como se bautizó en forma simplificada a la propuesta de “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” le había costado al Poder Ejecutivo casi 1,5% del PBI del ajuste total de 5 puntos del PBI que necesita este año, por perder la idea de una suba generalizada de retenciones, la restitución de Ganancias y cambios en el Impuesto a los Bienes Personales.

Todavía no está claro si el texto completo de la segunda versión del megaproyecto será o no idéntico a la última versión negociada sobre el filo en Diputados, que había logrado el respaldo en el tratamiento en general, justo antes de que el oficialismo decidiera retirarlo ante la falta de apoyos en la votación en particular.

Como para tener comparación, antes de que fracasara la Ley Ómnibus en el primer intento de debate en el recinto de Diputados, la hoja de ruta de Caputo exhibía que casi el 60% del ajuste fiscal que buscaba para 2024 estaba explicado en una poda presupuestaria para algunos sectores como las transferencias discrecionales a provincias, la obra pública -estos dos son señalados como las erogaciones que con mayor rapidez sufrirán un guadañazo- junto a subsidios, jubilaciones, programas sociales y otros gastos de funcionamiento del Estado.

Otro casi 40% se sostiene por subas de impuestos, principalmente la del impuesto PAIS para las importaciones, un incremento generalizado de derechos de exportación, el aporte de la moratoria, el blanqueo y el pago anticipado de Bienes Personales. Esos tres últimos integraban el megaproyecto de ley que se negoció el Congreso. Aquel 40% fue puesto en duda tras el naufragio de la ley ómnibus y empezó a tener mayor peso aquella propoción que correspondía a la “motosierra”.

Tras aquel fracaso sobre tablas, la consultora PxQ había estimado que “el revés parlamentario le cuesta al paquete fiscal una reducción del ajuste de 0,5% del PBI respecto a lo presentado al FMI o de 0,8% del PBI respecto al programa original. Por el momento, retraer 0,5% del PBI de otras fuentes no parece un gran desafío aunque, nuevamente, el riesgo refiere a la sostenibilidad fiscal de un ajuste de magnitud que cada vez se basa más en recorte de gastos y menos en suba de impuestos”.

Aún no está claro qué alcance tendrá el nuevo envión que tendrá la Ley Ómnibus, pero en el equipo económico creen que la modificación en la fórmula de actualización trimestral de haberes y la iniciativa de Ingresos Personales que haga volver a pagar el impuesto a unos 800.000 asalariados tenían “buen consenso” durante las discusiones preliminares. En algunas provincias ya asoma, de todas formas, una resistencia a restituir la cuarta categoría de Ganancias.

Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) había estimado que en 2024 el impacto fiscal de la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias que aprobó el Congreso por iniciativa del entonces ministro de Economía Sergio Massa sería de 0,83% del PBI, de los cuales 0,35% corresponden a la Nación y el restante 0,48% del PBI a la combinación de las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La restitución de Ganancias fue uno de los tira y afloje entre las provincias y la Casa Rosada, ya que de ese modo el Gobierno podría recomponer ingresos fiscales pero además los gobernadores conseguirían también una tajada al tratarse de un gravamen coparticipable, a diferencia del impuesto PAIS y de retenciones.

En su informe semanal la Fundación Mediterránea consideró que “ya sea que el gobierno nacional apunte a un superávit primario de 1,5% o 3% del PBI (el segundo implica equilibrio financiero) para este año, en cualquier caso, significa un gran esfuerzo de consolidación fiscal entre 2023 y 2024, de 4,4% y 5,9% del PBI, respectivamente. Dada la magnitud del ajuste necesario, no alcanza sólo con recortar el gasto, de modo que se requiere complementar con otras posibilidades”, mencionó.

O bien “aumentar los recursos, preferentemente con impuestos poco distorsivos, o si es con impuestos muy distorsivos (PAIS), que sean realmente transitorios”, o “lograr que las provincias también ajusten sus erogaciones, de modo que necesiten menos transferencias discrecionales desde el gobierno federal, y así alivien, por esta vía, el gasto nacional”, planteó la entidad.

Por lo pronto, la radiografía del ajuste muestra que “durante el primer bimestre, la reducción total del gasto primario habría sido de $3,9 billones en moneda de febrero de 2024. Una vez más, los jubilados y pensionados habrían sido el grupo más afectado por esta reducción, contribuyendo con el 43% del total, equivalente a $1,68 billones. Le seguirían las transferencias totales a provincias, aportando el 6%, y el gasto salarial con el 5%. El 46% restante del ajuste habría sido distribuido entre los demás rubros”, estimó la Fundación Mediterránea.

Otra pregunta que cuadra es qué porcentaje del ajuste fiscal que llevó adelante corresponde a “licuadora” y cuál a “motosierra”. El economista y autor del podcast Financiero, Monetario e Irreverente Leandro Ziccarelli calculó que con los últimos datos oficiales (enero) el 51% del ahorro en términos reales fue por el efecto licuador de la aceleración inflacionaria y el 49% de ajuste de partidas presupuestarias.