Diez provincias, además de Chubut, tienen deudas con la Nación por el mismo Fondo Fiduciario que desató el conflicto entre el gobierno provincial encabezado por Ignacio Torres y la Casa Rosada por el descuento de coparticipación y que amenaza con escalar en los próximos días tras la advertencia de Torres sobre la interrupción del suministro de petróleo y gas desde sus cuencas al resto del país.

En total, son once gobernaciones que tienen ante el Ministerio de Economía pasivos por casi $400.000 millones (como referencia, cerca de un 0,2% del PBI) refinanciadas y a pagar, de manera mensual, a lo largo de 2024. Son pasivos que fueron negociados entre las provincias y el anterior Gobierno en concepto del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y que tienen, como resultado de esa reestructuración, una actualización según el ritmo de inflación y pagos mensuales que se descuentan de los envíos automáticos de fondos.

Chubut actuó como punta de lanza para el reclamo de casi todas las provincias en reclamo por ese método de repago que Nación activó para cobrar esa deuda. El gobernador Ignacio Torres aseguró que su gabinete buscó alternativas de renegociación ante la Casa Rosada porque la actualización por inflación de esa deuda, afirmó, ponía en peligro las cuentas provinciales al incrementar nominalmente esos montos. Según datos oficiales, Chubut le debe a la Nación $119.091 millones.

Desde el gobierno chubutense sostienen que ante Nación pidieron opciones de refinanciación, entre ellas una amortización en 96 cuotas mensuales con dos años de gracia -a empezar a pagar en febrero de 2026-, con la eliminación de la actualización por inflación, que sería reemplazada por la tasa bancaria Badlar, y con la coparticipación o regalías provinciales por la explotación de recursos naturales como garantía de pago.

Esa primera alternativa no tuvo eco en la Casa Rosada. En segundo lugar, Chubut solicitó autorización para la emisión de un bono a entre 3 y 5 años para pagarle a la Nación la deuda por ese fondo fiduciario destinado a las provincias. El Gobierno de Javier Milei salió ayer domingo a cruzar esa versión y mencionó que esa propuesta no cayó en saco vacío, como denunciaron desde el gobierno chubutense, sino que hubo respuesta.

El ministro del Interior Guillermo Francos dijo ayer a través de su cuenta de X que, en realidad, un funcionario de su cartera contestó esta última solicitud de Chubut al pedir información para evaluar el perfil financiero de la propuesta. “Contrariamente a lo que dijo el vicegobernador, le respondimos con un mail el día 23 de febrero requiriéndole la documentación necesaria para avanzar con la operación de emisión solicitada, conforme a la normativa vigente. Estamos aguardando la respuesta”, dijo el ministro.

Según un documento que adjuntó Francos, la Nación pidió a la provincia fueron datos fiscales actualizados, proyección financiera, supuestos macroeconómicos incluidos en esas proyecciones, datos de stock de deuda pública provincial y una estimación del flujo de servicios de deuda una vez que ese bono pudiera ser emitido. El vicegobernador Gustavo Menna, horas después salió directamente a negar que ese mail haya existido. “Los vencimientos de diciembre y enero fueron diferidos, lo cual demuestra que pueden hacerlo”, dijo Menna en referencia al descuento de coparticipación. “Retuvieron la coparticipación de febrero en represalia por la demanda contra la suspensión del Fondo Compensador del Transporte”, respondió.

Ese fue solo el último capítulo de cruces que se extendieron entre Rawson y Buenos Aires desde el viernes a la tarde. El ministro de Economía Luis Caputo, por caso, replicó en X a Torres que el descuento de coparticipación corresponde, de acuerdo a los términos de la última refinanciación firmada, en noviembre pasado. También apareció en red social el presidente del Banco Central Santiago Bausili, tuitero poco habitual, quien negó que la entidad pueda bloquear una reestructuración de deuda provincial, una idea que había sugerido el diputado radical Martín Tetaz.

Si bien Chubut fue la primera provincia en alzar la voz contra el descuento de coparticipación -que cosechó el apoyo de todos los gobernadores del país salvo del tucumano Osvaldo Jaldo-, es solo una de las once que también tienen deudas ante Nación por el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. De acuerdo a datos oficiales a los que tuvo acceso Infobae, ese grupo de gobernaciones acumulan deudas por $392.104 millones.

Posiblemente la explicación sobre por qué la reacción empezó en Chubut, es porque esa provincia patagónica representa el 30% de la deuda al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Le siguen, en ese escalafón, Tucumán con otros $72.922 milones, Chaco con $63.450 millones y Salta con $55.975 millones. Entre esas cuatro provincias concentran el 80% de esos pasivos. También aparecen en la nómina, con montos menores, otras como Santa Cruz, Entre Ríos, Formosa, Catamarca, Tierra del Fuego, Misiones y Jujuy.

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial fue creado por decreto presidencial en 1995. En su origen tuvo como objetivo “asistir a los Bancos de Provincia sujetos a privatización y fomentar la privatización de empresas provinciales”. En ese momento fue integrado por 70.599.999 acciones clase A de YPF ($1.355 millones de ese momento) y más adelante incluyó capitalización desde préstamos de bancos regionales como BIRF y el BID y también recursos presupuestarios nacionales o provinciales.

En una actualización de la norma que lo regulaba, el fondo fiduciario pasó a tener como objetivos asistir a provincias y municipios para procesos de privatización, financiar programas de reformas fiscales o financieras provinciales, saneamiento de deudas, programas de desarrollo y mejora de eficiencia. El FFDP tiene como fecha de terminación el 27 de febrero del año próximo. Cumplirá así 30 años de vigencia y será el plazo máximo de duración que tendrá de acuerdo a la normativa.

En un documento que elaboró el Ministerio de Economía en noviembre de 2023, en el que repasa la historia del fondo fiduciario, expone como una de sus conclusiones, que “los logros alcanzados durante toda la existencia del FFDP han acumulado una valiosa experiencia de gestión en beneficio de las provincias y la CABA y en sintonía con las políticas del Gobierno Nacional, historia que resulta un antecedente relevante para evaluar la continuidad de este tipo de herramientas para la gestión económica, fiscal y financiera entre el Gobierno Nacional y las provincias argentinas”. Casi como una paradoja, ese fondo terminó por ser el foco de un grave conflicto entre la Casa Rosada y los gobernadores que esta semana podría escalar incluso más.