Aunque paulatinamente el clima futbolero se iba recalentando a medida que se acercaba la final de ayer, primero con el triunfo de la Escaloneta ante Croacia (martes), luego la semifinal que puso a Francia como contrincante (el jueves), y el sábado el partido Croacia-Marruecos por el 3º puesto que ganó el primero, y que fue el antecedente de la final de ayer; en algunos grupos políticos se seguía atentamente la evolución de distintas variables, y los movimientos como para no tener sorpresas desagradables imprevistas, muy frecuentes cuando la sociedad y los medios están más distraídos con otras cuestiones.

Al menos, así lo consideraban en un grupo de pensamiento de una fundación, con varios miembros bastante mediáticos, a quienes no les pasó desapercibida la seguidilla de cuestiones judiciales destrabadas en los últimos días, y a partir del caso Vialidad. Uno de los casos observado fue el del programa Potenciar Trabajo, que encabeza el dirigente Juan Grabois, que obtuvo un dictamen para que le sean repuestos los planes a los 900 beneficiarios que se detectó que compraron dólares (u$s200 oficiales) de parte del Juzgado Federal 7, y que deja descolocada (nuevamente) a la ministro de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que tiene en observación unas 400.000 asignaciones que mostrarían irregularidades, según surgió de una auditoría que había pedido su antecesor, Juan Zabaleta. Otro tema fue la sentencia en firme para la pena de 13 años de prisión, para la dirigente jujeña Milagro Sala, que dictaminó la Corte Suprema de la Nación, y que determinó el inmediato pedido para que Sala sea trasladada a la cárcel común (hasta ahora tenía prisión domiciliaria).

Mientras, el caso del Mascardi-Bariloche, por el cual habían sido ocupadas parte de las tierras del Regimiento de Montaña por grupos de los denominados “mapuches”, tuvo un giro con la cautelar del fiscal Carlos Stornelli para evitar la cesión. La medida, en su momento, se había sumado a los hechos en el Parque Nacional Lanín, que ya había amenazado con un juicio político al titular de Ambiente, Juan Cabandié, por haber aceptado la posibilidad de la cesión de una parte de ese terreno, como una de las formas de negociación con los grupos activistas, determinación que no puede tomar un funcionario al tratarse de bienes de la Nación que no pueden cederse por mero decreto.