Una Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina está en Ecuador para relevar durante algunos días situaciones de violaciones a los derechos humanos y elaborar luego un informe sobre la cuestión, en el marco de las protestas que protagonizan movimientos indígenas contra las políticas del Gobierno.

El grupo hizo su presentación este sábado con un encuentro ante la prensa en Quito, y reclamó a la administración del presidente Guillermo Lasso que garantice la integridad física de sus integrantes y les permita el acceso a las zonas que se proponen relevar.

“Venimos fundamentalmente a tomar contacto con las víctimas, con las personas que padecieron en su propio cuerpo o de familiares y amigos, diferentes violaciones a los derechos humanos”, explicó el abogado bonaerense Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano.

Grabois explicó que la Misión se reunirá con varios actores de la sociedad civil y que se enviaron cartas a diferentes instituciones públicas (fiscalías, ministerios y de gobierno) “para conocer su visión de la situación”.

“Desde luego hemos pautado entrevistas con organizaciones indígenas, sociales, políticas, sindicales, de mujeres, estudiantiles y ambientales para realizar un informe minucioso que dé cuenta de la situación”, señaló.

Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), exigió al Ejecutivo ecuatoriano que “respete las zonas de paz como primera medida” y advirtió la existencia de “hechos graves, como el intento de restringir el derecho a la protesta” sumados a las denuncias sobre “ataques a la movilización social y varios hechos que son impropios de un estado de derecho”.

Para Navarro, ese cuadro se agravó “a partir de la decisión del gobierno nacional de dictar el estado de excepción y con el incremento de la persecución a líderes sociales”.

“Ya hay víctimas de una política del Estado que en vez de contribuir al diálogo está mostrando una posición represiva a ciudadanos indefensos. Denunciamos por ello los ataques a los espacios de paz, y exigimos el respeto al derecho a la vida y a la asociación que tienen los pueblos del mundo”, acotó.

Pablo Garciarena, de XUMEK Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos, alertó “preliminarmente, de acuerdo a la información que se viene recibiendo”, que existe “vulneración de derechos fundamentales, que tiene que ver con el impedimento de la protesta social” y lamentó que exista “un despliegue del aparato represivo del Estado sobre la comunidad organizada, que viola los derechos consagrados por la normativa internacional”.

Detalló que la Misión recibirá denuncias y declaraciones de las víctimas en el territorio, más allá de que como “la situación de conflicto está vigente, es común que muchas víctimas estén atemorizadas”.

“Desde ya anunciamos que no vamos a requerir la identidad de cada persona para tomar la denuncia. Y en caso que la persona quiera dar su identidad, será preservada. También dejamos a disposición canales para recibir testimonios vía mail y redes sociales”, informó el dirigente.

La Misión –hubo otras similares en Colombia, durante el paro general de dos meses el año pasado y en Bolivia tras el golpe contra Evo Morales- está integrada, además, por Claudia Rocca, de la Asociación Argentina de Juristas; Nicolás Tauber Sanz, de LiberPueblo; María José Cano, de la CTA Autónoma; Alicia Montoya, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores; y Melisa Gargarello, también del FOL.