Tres secuestros extorsivos se cometieron durante el primer mes de este año en todo el país, lo que implicó un aumento en relación a diciembre pasado, cuando se registró un solo caso en Salta y que fue esclarecido; y una disminución en comparación con enero de 2021, en el que hubo cinco hechos de este tipo, informaron el viernes fuentes judiciales.

Según los datos de Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, en total, el año último hubo 29 casos, a razón de 2,4 denunciados por mes.

Respecto a los hechos de enero de 2022, el primero tuvo como víctima a una persona de la Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque su familia lo denunció ante la Fiscalía Federal 1 de Lomas de Zamora.

Los otros dos casos ocurrieron en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, con intervención de la Fiscalía Federal 2 de Morón.

En los tres hechos, las cuatro víctimas fueron hombres que circulaban a pie o en sus propios vehículos que fueron capturados un día lunes, un sábado y un jueves.

En dos de los secuestros intervinieron tres o más delincuentes que mantuvieron cautivas a las víctimas más de tres horas hasta liberarlas sin cobrar rescate y a menos de 10 kilómetros del lugar donde fueron capturadas.

En el restante caso, la privación de libertad duró menos de tres horas y la víctima fue liberada luego de que se pagara rescate.

El relevamiento de los datos de la Ufese indica que hay "una tendencia a la disminución de este tipo de hechos".

En 2015, hubo 294 secuestros extorsivos; en 2016, 227; en 2017, 185; en 2018, 111; en 2019, 44; en 2020, 49; y en 2021, 29; lo que evidencia que la cifra de hechos denunciados disminuyó de 4,08 a 2,42 casos mensuales.

La Ufese fue creada mediante la resolución 1583/2016 y dentro de sus funciones principales se cuenta "el relevamiento, la centralización, la sistematización y el análisis de la información criminal vinculada con las regularidades delictivas, lugares y personas involucradas en los casos, con el fin de optimizar la intervención en la investigación penal del Ministerio Público Fiscal y aportar la información relevada a otras agencias del Estado con el objeto de implementar medidas de prevención, diseñar la política criminal adecuada y llevar adelante acciones concretas que permitan hacer frente a este complejo fenómeno delictivo".