El gobierno de Tierra del Fuego y el Ministerio de Transporte de la Nación relanzaron el proyecto para concretar una conexión marítima entre esa provincia insular y Santa Cruz, lo que además de cuestiones de soberanía, implica quedarse con un negocio millonario vinculado con el transporte logístico y de pasajeros en la región, explicaron fuentes oficiales.

El llamado "Cruce por aguas argentinas" constituye un reclamo histórico de los fueguinos, que carecen de una conexión terrestre con la zona continental del país y que sólo pueden acceder a territorio santacruceño pasando previamente por Chile.

Para ello, tanto vehículos particulares como camiones de carga deben realizar un periplo que incluye cuatro aduanas; dos en San Sebastián, en el norte fueguino, y otras dos en Monte Aymond, en el sur de Santa Cruz, lo que implica más de 200 kilómetros de rutas chilenas y el cruce en barcaza del Estrecho de Magallanes.

Es por eso que el Gobierno Nacional y las autoridades provinciales retomaron este año la iniciativa de construir instalaciones portuarias en Tierra del Fuego y Santa Cruz para establecer un cruce marítimo regular por aguas nacionales, a través de buques portacontenedores.

Funcionarios de la Administración General de Puertos (AGP) contrataron en agosto a una consultora que analizó los posibles puntos de conexión entre ambas provincias.

A fines de octubre, la empresa comunicó que la cabecera fueguina se ubicará en la Bahía de San Sebastián (cerca de la frontera con Chile) y la santacruceña será en Punta Loyola, en las proximidades de la ciudad de Río Gallegos.

Según el interventor de la AGP, José Beni, la consultora que realizó los estudios técnicos avanzará ahora con el diseño de los anteproyectos de los pliegos de licitación.

"La idea es recibir ese trabajo en los próximos meses y concretar el llamado y la selección de ofertas, con el objetivo de comenzar las tareas a principios del 2023".

Por su parte, Beni recordó en el anuncio del relanzamiento de trabajos que el proyecto fue impulsado por el ex ministro de Transporte Mario Meoni (fallecido en abril de este año) y retomado por el actual ministro Alexis Guerrera.

"Es un trabajo complejo, con muchos pasos que hay que dar, pero venimos avanzando muy bien. Ahora viene el estudio técnico profundo, y el desarrollo del pliego de licitación", remarcó el funcionario en declaraciones oficiales.

Aunque aún no existen precisiones acerca del tiempo que demandaría el cruce y el costo que tendría para pasajeros particulares y empresas, las autoridades mencionaron que la idea es generar un "servicio regular de transbordadores portarodantes del tipo RO-PAX, que incluirá el desarrollo o acondicionamiento de infraestructuras portuarias para su funcionamiento".

Para el gobernador fueguino, Gustavo Melella, el cruce constituye "un sueño para todos los fueguinos que sufren el paso por Chile, con todas sus demoras y sus trabas".

"Además del avance de la soberanía, tendremos grandes beneficios en producción y en turismo. Es una alegría ver que Nación avance con seriedad y compromiso hacia este objetivo", subrayó el mandatario.

Por otra parte, entidades como el Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard sostuvieron que el cruce atenderá, además de las cuestiones de soberanía, las "necesidades del transporte de mercadería que unifica las zonas francas de la Nación -zona franca Rio Gallegos con el territorio de regulación especial (ZF) de Tierra del Fuego- que hoy controlan las petroleras multinacionales (Bahía de San Sebastián), a lo que se suman las necesidades del negocio turístico", afirmó Martin Ayerbe, presidente de la entidad, en un comunicado.

El negocio

A su vez, la Federación Popular del Transporte (Fepotra) realizó un estudio económico en 2016 donde aseguró que el negocio del transporte en la zona genera unos "40 millones de dólares anuales" en favor de la empresa Transbordadora Austral Broom (Tabsa) de Chile, la única que realiza el cruce en barcaza entre Tierra del Fuego y Santa Cruz.

El estudio se basó en datos de facturación de la empresa y recopiló información de organismos como la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Migraciones (DGM) y la Dirección Nacionalidad de Vialidad (DNV), entre otros.

El relevamiento arrojó que entre 2011 y 2016 realizaron el cruce por Chile, en promedio y en ambos sentidos, "unos 315 automóviles, 188 camiones y entre 8 y 9 colectivos diarios", además de "1.734.233 toneladas anuales de productos".

Según el análisis de Fepotra, que postula un cruce más corto por aguas argentinas y se opone al trayecto proyectado, cada camión de carga de las fábricas electrónicas, plásticas o textiles de la isla, debe cubrir un sobrecosto de 470,7 dólares para pasar por Chile y llegar a Santa Cruz en su viaje a los grandes centros de distribución del país.